La FAMP pide a la Junta más financiación y recursos para la prestación de los servicios de dependencia en los municipios

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha demandado al Gobierno andaluz «una financiación adecuada y un incremento de recursos técnicos y humanos que garantice la gestión del sistema de la dependencia que desarrollan las corporaciones locales, especialmente a la prestación del servicio de ayuda a domicilio, cuya dotación económica se mantiene invariable desde 2007«.

Así lo ha acordado la ejecutiva de esta federación que preside el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, que ha pedido además una profunda revisión de la orden reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio para mantenerlo como prestación estratégica del sistema de la dependencia en Andalucía en concordancia con el sistema público de servicios sociales instaurado por la Ley de Servicios Sociales de Andalucía.

El órgano que representa a los municipios andaluces ha planteado al Ejecutivo autonómico que se implique en la mejora de la calidad del servicio, del empleo y de un diálogo permanente entre la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y los gobiernos locales, a través de la FAMP.

La FAMP también ha abordado en la reunión de su ejecutiva la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (Remisa) como una prestación garantizada de dicho sistema público de servicios sociales de Andalucía orientada a la erradicación de la marginación, la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social, «máxime si consideramos el agravamiento de la situación social a consecuencia de la emergencia sanitaria producida por la crisis del coronavirus, que exige una mejor gestión y tramitación de esta prestación social que ya venía sufriendo frecuentes retrasos en su tramitación por los servicios autonómicos, ocasionando largas listas de espera y una insuficiente cobertura para un gran número de familias», han sostenido desde esta organización en un nota.

Ante la situación producida durante el estado de alarma, se planteó a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales una serie de medidas para modificar el Decreto-Ley que regula la renta mínima tendentes a la agilización de los expedientes de urgencia y emergencia social solicitados, la renovación automática de expedientes y la concesión de esta renta para unidades familiares unipersonales y con menores a cargo, incluyéndose como casos de urgencia y emergencia social.

Otra demanda planteada es la agilización de los procedimientos y la habilitación de los trabajadores sociales de Servicios Sociales Comunitarios para poder solicitarlas en nombre de la persona. Con la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital, aprobada por el Gobierno central como nueva prestación económica no contributiva dentro del Sistema de Seguridad Social con carácter de derecho subjetivo, y ante la situación de convivencia con la renta mínima andaluza, la FAMP ha considerado «imprescindible» que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación «realice un análisis sobre beneficiarios de la Remisa, y en base a los resultados, se establezcan los cambios en la normativa de aplicación para no dejar a nadie atrás».

En este sentido, la federación ha subrayado la necesidad de «introducir mejoras en la tramitación para su agilidad y mantener los dos derechos, estatal y autonómico, con sus respectivos presupuestos«.

El presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, ha puesto de relieve el «derecho a disponer de un plan de inclusión e inserción socio-laboral, al que puedan acceder también las personas que tengan la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), así como mejorar la coordinación de los Servicios Sociales y Servicios de Empleo (SAE), incrementar las plantillas de ambos servicios; y financiar de forma efectiva y suficiente la renta mínima con el mismo presupuesto actual».