Los usuarios de prepago colapsan las tiendas de telefonía para identificarse

Las tarjetas prepago de teléfonos móviles han dejado de ser anónimas de acuerdo con el Proyecto de Ley de Conservación de Datos en comunicaciones electrónicas aprobado por el Consejo de Ministros en 2007 y que ha tenido de plazo para su puesta en práctica hasta las 00:00 horas de este lunes. Desde hoy, las líneas cuyos titulares no se hayan identificado debidamente ante las operadoras han quedado sin efecto, aunque, precisamente debido a la presión de estas empresas, se ha dispuesto un plazo de seis meses más para que los afectados puedan recuperar su número si no han actuado a tiempo. De este modo, la Policía podrá conocer la identidad del titular de cualquier tarjeta prepago para una investigación, detección o enjuiciamiento de delitos, según la normativa, que exige a las operadoras que abran un libro de registro con estos datos personales, que deberán guardar durante un año. La Organización de Consumidores ya ha pedido al Gobierno que vigile el uso de esta información. En la actualidad existen más de 16 millones de líneas en prepago en toda España, y Melilla es un punto caliente en el control de esta información, ya que la tarjeta prepago es el método más extendido en el uso de la telefonía móvil en nuestra ciudad. De las principales operadoras, es Movistar la que controla el campo más extenso.

A última hora

A pesar de que la ley de Conservación de Datos entró en vigor en noviembre del 2007, lo cierto es que los usuarios de tarjetas prepago en Melilla se han movilizado, en su mayoría, en la última semana y, de forma masiva, el sábado (último día hábil para formalizar la identificación). Sólo en una de las tiendas oficiales de Movistar se han llegado a atender entre 300 y 400 personas en la mañana del sábado, situación que provocó colapsos en la red, dificultando, más si cabe, el trabajo de las oficinas operadoras. «Le estamos recogiendo nosotros los datos al Ministerio, atendiendo colas interminables y desatendiendo nuestro negocio», se lamentaba el gerente de una de las tiendas oficiales de Telefónica en Melilla. Su personal no se ha dedicado a otra cosa en los últimos días. No en vano, la normativa podría costar a las operadoras 20.000 millones

Los usuarios de tarjetas prepago han formado colas ante las puertas de los establecimientos durante toda la jornada del sábado entre la impaciencia, la contrariedad por el límite de tiempo e incluso la desinformación. «Me parece bien que se conozca la identidad de los titulares, porque muchas veces me cobran llamadas que no son mías». Otros usuarios mostraron su acuerdo con el control de seguridad que supone la identificación de las líneas. «Es bueno que el Ministerio del Interior pueda controlar las tarjetas, pero a mí me llegó el mensaje ayer y no quiero perder mi número», declaró a SUR otra de las cientos de persona que el sábado aguardaban su turno en las tiendas de telefonía de la ciudad para identificar su número de teléfono. Las tarjetas que hoy no se encuentren identificadas ante sus operadoras habrán quedado desconectadas, aunque, gracias al acuerdo alcanzado entre el Ministerio del Interior y las principales operadoras: Telefónica, Vodafone y Orange, los titulares tendrán hasta seis meses para hacerlo y recuperar sus números.

La sombra del 11M

La Ley de Conservación de Datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación, en vigor desde noviembre del 2007, obliga a las compañías telefónicas a llevar un registro de sus clientes. Situaciones como las del 11-M, en las que los terroristas activaron las bombas a través de móviles con tarjeta prepago sin registrar, motivaron la nueva ley.

La acreditación debe formularse a través del DNI, el pasaporte o la tarjeta de identidad de extranjero. Las empresas han de aportar la tarjeta de identificación fiscal y los menores de edad deben ir acompañados de sus padres.

La norma afecta también a la cesión de datos de las comunicaciones electrónicas a las Fuerzas de Seguridad, ya que establece la obligación para los operadores de estos servicios de conservar todos los datos que permitan rastrear el destino y el origen de una comunicación, así como la identidad de todas las personas implicadas en ellas.