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AGUSTÍN PELÁEZ
Martes, 24 de febrero 2009, 10:40
El pleno del Ayuntamiento aprobó ayer la ordenanza reguladora de las ayudas para el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de 2009. En total se concederán 2.100.000 euros en ayudas. La novedad radica en que en esta anualidad también podrán beneficiarse los titulares de los recibos que tengan incluso hasta dos inmuebles en arrendamiento.
Según las precisiones del área municipal de Hacienda, se prevé que más de 17.000 contribuyentes del municipio se beneficien este año de las ayudas para el pago del IBI. De este modo, el equipo de gobierno (PSOE, IU y Grupo Independiente de Torre del Mar), pretende compensar a los vecinos por no haber rebajado dentro de plazo al 0,75 el actual tipo impositivo, establecido en el 0,85.
Empadronamiento
Las ayudas se aplicarán de manera automática en función del banco de datos creado en el pasado ejercicio, en el que los vecinos tuvieron que solicitar su aplicación. El Ayuntamiento exigirá como condición para conceder estas ayudas para el pago del IBI el empadronamiento del titular en el municipio.
Por otra parte, el pleno aprobó también un reconocimiento extrajudicial de deuda de 800.000 euros correspondiente a obligaciones contraídas desde el principio de la legislatura. En este punto se abstuvo el grupo de Izquierda Unida, a pesar de estar en el equipo de gobierno.
La sesión plenaria se caracterizó una vez más por los continuos ataques entre los miembros del equipo de gobierno y el principal grupo de la oposición, el PP, por lo que el pleno fue una vez más el lugar en el que se escenificaron las posiciones contrapuestas de unos y otros.
El PP criticó incluso las propuestas del edil de Urbanismo, Salvador Marín, de reservar parcelas de equipamiento público para la ejecución de una biblioteca, un centro de estimulación precoz o un edificio polivalente social y docente, al considerar que al no existir proyectos lo único que se hace es vender humo.
Ante la crisis
Aunque todos los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión salieron adelante, los populares criticaron incluso la propuesta del GIPMTM de crear un servicio de orientación ante la crisis en Vélez y Torre del Mar.
En este punto, la edil del PP, Patricia Cid, cuestionó si este servicio iba a representar la contratación de más personal externo y por consiguiente más gasto municipal, lo que negó tajantemente el edil torreño, Javier Checa.
Los grupos políticos municipales dedicaron por otra parte buena parte de la sesión a debatir asuntos no relacionados con el municipio como instar al Gobierno central a la disolución del Ayuntamiento de Estepona, una propuesta del PP a la que el equipo de gobierno respondió sobre la marcha con una enmienda proponiendo ampliar dicha petición de disolución del Ayuntamiento de Alhaurín y las comunidades de Madrid y Valencia, a la vez que a todos aquellos consistorios cuyos alcaldes estén imputados por corrupción.
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