El cierre de su factoría en Puerto Real le costará a Delphi unos 500 millones

Los gritos de 'Delphi no se cierra', las mareas de solidaridad humana por las calles de Cádiz y, en definitiva, cuatro meses de reivindicación y esperanza han sido un antídoto insuficiente para luchar contra el mal de fondo en este conflicto: la irrevocable decisión de la multinacional norteamericana que sustenta a Delphi de abandonar su actividad en la Bahía de Cádiz. No le va a salir gratis esta decisión, como pretendían los directivos de la empresa con sede en Michigan. Delphi va a tener que pagar o desprenderse de un patrimonio que roza los 500 millones de euros.

El desmantelamiento de la factoría de Puerto Real era ya una simple cuestión de tiempo y dinero. Las respuestas a estos dos interrogantes se ofrecieron ayer, tras una maratoniana reunión de casi 28 horas que sentó alrededor de una misma mesa de la sede de la Consejería de Empleo en Sevilla a los representantes legales de Delphi, miembros del comité de empresa, dirigentes de los cuatro sindicatos implicados, altos cargos de la Junta de Andalucía y a los administradores judiciales nombrados por la jueza que instruye el proceso concursal.

Ratificación

El acuerdo, que hoy deberá ser ratificado en referéndum por la plantilla al completo de Delphi, incluye el pago en concepto de indemnizaciones de unos 120 millones de euros, puesto que se plantea llegar a los 45 días por año trabajado con un tope máximo de 42 mensualidades, aunque ninguno de los asalariados llevan el tiempo necesario en su puesto de trabajo para aspirar a este tope. Los de máxima antigüedad llegarán hasta las 39. De esta forma, cada trabajador podrá recibir cantidades que podrían oscilar entre los 70.000 y los 200.000 euros, según distintas fuentes consultadas por este periódico. Se trata de la máxima indemnización que contempla la legislación laboral española, por lo que es un éxito de los negociadores que se cerraron en banda a cualquier otra posibilidad, ya que la empresa ofertaba 35 días de compensación por año. La satisfacción económica incluye el abono íntegro del salario del mes corriente -julio-.

El consuelo se completa con la obligación de Delphi de ceder a los trabajadores los activos que la empresa posee en Cádiz -terrenos, instalaciones y maquinarias-, que están valorados en unos 170 millones de euros más. Esto supone garantizar una posible actividad industrial en esta misma zona, aunque será distinta a la que ha desarrollado Delphi en los últimos 25 años.

Sin hipotecas

Este logro es doblemente importante porque, en contra de lo que perseguía la empresa, los inmuebles, maquinarias y terrenos pasan a manos de los empleados libres de carga.

La filial norteamericana pretendía hipotecar parte de estos activos para hacer frente al pago de la última nómina y al abono de deudas con terceros (empresas auxiliares y proveedores). Lo que ha sido imposible, pese a que los representantes de los trabajadores lo han intentado hasta el último momento, ha sido lograr que las patentes se quedarán en Cádiz.

La primera valoración oficial del entendimiento la realizó Antonio Fernández, consejero de Empleo. Apuntó que se había logrado cerrar una crisis para abrir una gran oportunidad de empleo en una zona tan delicada como la Bahía de Cádiz.

Fernández, tras destacar la importancia de que los activos se queden en Cádiz a coste cero, resaltó: «Hemos marcado para el futuro líneas claras y supone un aviso a navegantes para cualquier empresario que intente deslocalizar».

La Junta será la 'tenedora' de los activos, lo que le impide gestionarlos de forma directa, aunque facilitará la instalación de nuevas empresas.