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Los privilegios de los funcionarios, en revisión

MÁLAGA

Los privilegios de los funcionarios, en revisión

29.04.12 - 01:37 -
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A yudas económicas para adquirir unas gafas o lentillas, un audífono, ir al dentista o ponerse un DIU; subvenciones por nacimiento, adopción, matrimonio o divorcio; prestaciones económicas para los estudios de los hijos desde la guardería hasta la universidad; rebajas de horarios en fiestas; fondos financieros a los que pueden acogerse en condiciones ventajosas; o el pago de los honorarios de los abogados en caso de pleito son algunas de las mejoras sociales recogidas en los convenios colectivos de los trabajadores (funcionarios de carrera o interinos; personal laboral y eventual) de los grandes Ayuntamientos de la provincia, de la Diputación de Málaga y de las empresas públicas dependientes de ellos. Estas administraciones públicas han puesto en el punto de mira estos privilegios (derechos, según los sindicatos) para su revisión con el objetivo de recortarlos como medida de ahorro dada la maltrecha situación por la que pasan las arcas de las instituciones locales.
La Diputación abrió días atrás el debate sobre este asunto. Ante el inminente inicio del proceso negociador del nuevo convenio colectivo de la institución provincial, el equipo de gobierno del PP reconoció que estas mejoras sociales serán objeto de negociación ya que algunos de estos derechos «no se entienden en una situación económica como la actual», según fuentes consultadas. A este respecto no es descartable que haya un efecto dominó y los consistorios también metan la mano en estos privilegios.
Y es que, como reconocieron fuentes expertas, el convenio colectivo de la Diputación de Málaga ha sido siempre un referente para los de las administraciones locales a la hora de emular sus mejoras sociales. Ahora, podría producirse la situación, aunque con el efecto contrario. Los sindicatos ya han alzado la voz y advierten de que no están dispuestos a sufrir más recortes. En vista de las posiciones iniciales se otea en el horizonte negociaciones duras y tensas.
Sensibilidad ciudadana
Aunque la mayoría de estas mejoras sociales llevan años recogidas en los convenios y no siempre son utilizadas por los potenciales beneficiados, el asunto es muy sensible cara a la ciudadanía, especialmente en estos momentos de profunda crisis económica que golpea con dureza a miles de familias malagueñas. Es muy recurrente oír el argumento de que no se entiende estos privilegios si ya tienen garantizado un puesto de trabajo.
Los sindicatos, por su parte, piden que no se les asigne el papel de «malos de la película» ni se les responsabilice de la situación. En este sentido, sostienen que los derechos recogidos en los convenios son producto de los acuerdos alcanzados por las dos partes (instituciones y empleados) a lo largo de años y que un gran número de ellos son compensaciones que en su día se consiguieron en lugar de aumentos salariales. Asimismo, argumentan que en la administración local también hay precarización al existir sueldos mileuristas, que desde los años ochenta del pasado siglo han sufrido 17 congelaciones salariales, y que con la reciente reforma laboral aprobada por el Gobierno central permite el despido del personal laboral de estas instituciones.
«Cuando se han negociado mejoras de la acción social se ha intentado cubrir lo que no cubría el servicio público de asistencia. Quizás hay algunas condiciones que están obsoletas y estamos quitando. Todas estas cuestiones hay que abordarlas en la mesa de negociación por lo que no entendemos las formas que está utilizando, por ejemplo, la Diputación de Málaga», explica la secretaria de federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Rosa Rodríguez.
En este sentido, Rodríguez añade que si se piden esfuerzos a los trabajadores se debe predicar con el ejemplo por parte de los responsables públicos. Así, recuerda que el encargado de negociar el convenio en la Diputación Provincial, el director de Recursos Humanos, Antonio Peñalver, es personal de confianza con un salario anual bruto de 94.000 euros.
Conclusiones llamativas
Al margen de las opiniones y disquisiciones de las distintas partes, el análisis realizado por este periódico de los convenios colectivos de los grandes ayuntamientos de la provincia y de la propia Diputación revela algunas conclusiones llamativas sobre los beneficios sociales de los que disfrutan los trabajadores de la administración local -los de la autonómica cuentan con un convenio colectivo no tan ventajoso, según el documento, aunque fuentes consultadas añaden que las empresas públicas dependientes de la comunidad autónoma sí gozan de algunos privilegios-.
En el caso de Vélez-Málaga, el convenio establece que durante los meses de julio y agosto los empleados municipales tienen derecho a trabajar una hora menos diaria, mientras que en las fiestas del Carmen, Santiago y Santa Ana y San Miguel, la jornada laboral se reduce durante dos horas. Además, entre otros beneficios, se recoge una ayuda social por la que se abonan seis euros mensuales por cada hijo durante el periodo comprendido entre los 112 días de su nacimiento y hasta que comience el primer curso de preescolar.
Hasta 301 euros anuales por hijo para estudios universitarios, FP grado superior, enseñanzas artísticas, escuelas de diseño y escuelas de conservatorios superiores reciben los empleados del Ayuntamiento de Marbella. Una ciudad donde el Ayuntamiento, según el convenio vigente -el nuevo se está negociando- está obligado a concederles anticipos reintegrables equivalentes a tres mensualidades completas de los haberes brutos a reintegrar hasta en 18 mensualidades sin intereses con un máximo de 3.000 euros con cargo a una bolsa de 150.000 euros constituida al efecto.
En Ronda, a los empleados municipales se les concede, a perpetuidad, el nicho para su enterramiento; en Antequera se paga hasta 86,78 euros para la adquisición de las lentillas; en Mijas se sufraga el dentista con ayudas de hasta 600 euros para una ortodoncia; mientras que en Alhaurín de la Torre hay ayudas de 850 euros para el primer matrimonio y el divorcio del trabajador (cantidad que se reparte a partes iguales si los dos afectados son empleados del Ayuntamiento).
Para la asistencia jurídica por hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones el Ayuntamiento de Málaga pone a disposición de los trabajadores los servicios jurídicos municipales y cuando se renuncia a los mismos -por causas justificadas- se le pagarán al funcionario los honorarios de un abogado con cantidades que van desde los 85 euros a los 2.260 euros.
En el caso de Fuengirola, que actualmente está en negociaciones para un nuevo convenio, el vigente recoge que los empleados pueden «vender» al Ayuntamiento sus días de asuntos propios (tienen derecho a cinco), es decir, que si no hacen uso de los que les corresponden anualmente, el Consistorio los abona como un día más de trabajo. Esta es una de las medidas que la administración local quiere retirar porque supone un importante gasto anual.
Almuerzo a 2,5 euros en el comedor del Centro Cívico; ayudas de 250 euros por nacimiento o adopción; prestaciones entre 106 y 200 euros para el estudio de los hijos o e entre 55 euros para un empaste o 565 euros para una ortodoncia; o 30 euros para el DIU son algunos de los beneficios sociales que disfrutan los empleados de la Diputación Provincial de Málaga. Ahora están en revisión.
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