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Distribución proyectada para una de las 'tecnocasas' de la zona de Lagunillas. :: SUR
Un decreto de la Junta pone en jaque la legalidad del proyecto de las 'tecnocasas'
MÁLAGA

Un decreto de la Junta pone en jaque la legalidad del proyecto de las 'tecnocasas'

El Gobierno andaluz no contempla la singularidad de estas VPO, destinadas a jóvenes profesionales del Parque Tecnológico

JESÚS HINOJOSA jhinojosa@diariosur.es

Viernes, 20 de abril 2012, 03:52

Revés jurídico para el proyecto de las llamadas 'tecnocasas', unas viviendas que la Junta de Andalucía proyectó hace ya siete años para repoblar zonas degradadas del Centro Histórico con jóvenes profesionales del Parque Tecnológico que harían uso de ellas en alquiler durante siete años y que dispondrían de un espacio destinado para su trabajo a distancia, gracias a las nuevas tecnologías. La propia Junta hizo efectivo el pasado mes de enero un decreto en el que no se contempla la singularidad de estas viviendas, por lo que no pueden obtener la calificación que requieren para tener un carácter público y ayudas.

Desde el año pasado, son los ayuntamientos los que poseen las competencias para otorgar las calificaciones de las VPO, y en ese momento del procedimiento es cuando el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) se ha percatado de que no puede autorizar estos pisos porque se lo impide la normativa regional vigente sobre el régimen de la promoción pública.

El problema reside en la puesta en marcha hace dos años del Registro de Demandantes de VPO, un filtro por el que tienen que pasar obligatoriamente todas las personas que quieran ser adjudicatarias de una vivienda protegida, ya sea construida por la Junta, un ayuntamiento o un promotor privado que se acoja a las ayudas públicas.

En una orden de la Consejería de Obras Públicas de julio de 2009 por la que se regula la selección de los adjudicatarios para las VPO a través del nuevo registro, se establecen varias excepciones para casos en los que determinados grupos de aspirantes no tendrían que pasar por ese filtro general. Entre esas excepciones se citan «los alojamientos protegidos destinados a colectivos específicos en los que se justifique que se trata de una residencia temporal». Los técnicos encargados de promover las 'tecnocasas' vieron en este artículo la base jurídica para fundamentar su novedoso concepto residencial, ya que se trata en efecto de pisos protegidos destinados a un colectivo específico (jóvenes emprendedores) que va a hacer uso de ellos de forma temporal (en el plan se establecía un período máximo de siete años para ocupar estas viviendas en alquiler).

Sin embargo, lo contemplado en esta orden ha quedado modificado por un decreto posterior, que la Junta publicó en su boletín oficial el pasado 30 de enero, en el que se revisa y actualiza el Reglamento de Viviendas Protegidas en Andalucía. En ese decreto, entre las excepciones contempladas para evitar el Registro de Demandantes de VPO, ya no se encuentra la que amparaba la figura de las 'tecnocasas', sino que únicamente se hace referencia a casos de realojo transitorio por actuaciones de renovación urbana, de familias en riesgo de exclusión social que revistan un carácter de urgencia, y de entidades sin ánimo de lucro que a su vez destinen las viviendas a personas sin recursos.

Es decir, que los selectos aspirantes a las 'tecnocasas' que se pretendían tienen ahora que pasar por la lista general de espera de las viviendas protegidas, sumándose a la cola de las miles de personas que las demandan al cabo del año.

Resquicio

No obstante, según el texto del decreto, puede caber la opción de establecer otras excepciones a la regla de pasar por el registro general de aspirantes a las VPO siempre y cuando así lo establezca «el correspondiente plan autonómico de vivienda y suelo», y siempre que sea para «determinados programas, respetando los principios de igualdad, transparencia, publicidad y concurrencia». Es decir, que cabría un resquicio legal pero requiere de la formulación expresa de un plan específico por parte de la Junta.

En cualquier caso, ello no disipa las dudas jurídicas que se ciernen sobre un proyecto que acumula ya más de un lustro de demora y que mantiene vacíos y en estado de abandono un buen número de solares del casco antiguo y su entorno.

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