Adiós al modelo sanitario

El proyecto, que acordaron Ejecutivo y comunidades, establece que cerca de ocho millones de pensionistas (en su gran mayoría jubilados) que ganan menos de 18.000 euros anuales pagarán al mes un 10% de sus fármacos, con un máximo de 8 euros por sus medicamentos. Aquellos que perciben más de 18.000 euros, tendrán que abonar 18 euros. Si los usuarios gastan más que esos dos topes, la administración abonará la diferencia. Uno de los mecanismos elegidos para devolver el dinero es la tarjeta electrónico, a través de un chip que recoge todos los datos del paciente, aunque todavía no está implantada en todas las regiones.

Compras conjuntas

También tendrán que pagar la inmensa mayoría de la población activa, algo más de 7,9 millones de personas que ganan menos de 100.000 euros al año. Ahora abonarán la mitad del precio del medicamento, en vez del 40% como hasta ahora. La subida alcanzará el 60% para las 250.000 personas que superan los seis dígitos de renta anual. Quedan exentos de pagar los parados sin prestaciones y las personas con pensiones no contributivas. En cambio, los enfermos crónicos seguirán pagando una décima parte de sus medicamentos.

La ministra de Sanidad, en una comparecencia rodeada de consejeros de todos los colores políticos, pidió «disculpas» por esta decisión pero recalcó que era necesaria para mantener la gratuidad de la «asistencia sanitaria a todos los españoles». Además, la ministra rechazó que esta medida tuviera afán recaudatorio. «Puede suponer 1,5% más», comentó, para añadir que si hubieran querido llenar las arcas públicas hubieran puesto una tasa de un euro a las recetas, como hizo la Generalitat de Cataluña. En ese caso, la administración hubiera recaudado unos 800 millones.

La necesidad de apretarse el cinturón ha sido la espada de Damocles que ha presidido la maratoniana reunión con la ministra de Sanidad. De ahí ha salido el compromiso formal de poner en marcha de verdad la plataforma centralizada de compras y evitar situaciones kafkianas como que todas las autonomías hacían 17 pedidos diferentes para el mismo medicamento. Este centro será el encargado de hacer la compra para todos y repartirlas según las necesidades de cada comunidad autónoma. La ministra estableció el ahorro entre mil y 1.500 millones y anunció que la plataforma no solo se encargará de comprar medicamentos, sino que también contratará servicios y tecnología. El objetivo, insistió Mato es el «ahorro», palabra que repitió de forma constante en la comparecencia de prensa. Por el momento, este centro ya ha realizado la compra de la vacuna de la gripe. «Nos hemos ahorrado 6 millones», apuntó Mato sobre esta adquisición, a la que se adhirieron 14 comunidades (todas salvo País Vasco, Navarra y Cataluña, que ya había cerrado el acuerdo de compra).

Las siguientes compras será la de la vacuna infantil. Otro de los objetivos del Gobierno es la industria farmacéutica. Quiere que se ajuste mucho más las medicaciones que se dan a los pacientes y que no se tire ni una sola pastilla sobrante a la basura. Mato explicó que en el último año se destruyeron 3.700 toneladas de medicamentos pagados porque habían caducado o por el caso que fuera no se habían utilizado.

El coste fue de 1.200 millones, dinero que se podía haber ahorrado, según la titular de Sanidad, si se hubiera dado a los enfermos «el medicamento justo» con un envase adecuado a la duración estimada del tratamiento. También se aprobó en el CISNS la elaboración de un nuevo sistema de actualización del Nomenclator (listado informatizado de rectas médicas), que permitirá un ahorro de 400 millones y el impulso al uso de genéricos y fármacos a menos precio, que facilitará un ahorro adicional de unos 250 millones.