Hacienda desata una oleada de requerimientos a empresas malagueñas en pleno verano

Con el asesor fiscal, el contable e incluso el propio dueño de vacaciones, muchas empresas malagueñas se están encontrando este verano con un funcionario de la Agencia Tributaria llamando a su puerta. Según coinciden diferentes asesorías fiscales, en vísperas de agosto se han entregado de «forma masiva» en todo tipo de negocios (desde gasolineras a almacenes, cafeterías o despachos profesionales) diligencias de la Dependencia Regional de Inspección en las que se les exigen una serie de documentos tales como los libros registros de IVA, facturas de suministro de agua, facturas de suministro eléctrico, recibos de IBI o contratos de arrendamiento. Unos requerimientos que han alarmado a las empresas, sobre todo por el perentorio plazo que se marca para la entrega de papeles: diez días. Los numerosos afectados consideran imposible cumplir dicho plazo en un momento en el que la mayoría del personal administrativo de las empresas y los asesores fiscales están de vacaciones o a punto de irse.

«¿Cómo un día 30 de julio se pueden entregar diligencias masivas con requerimiento de presentar documentación en un plazo de 10 días? El panorama que hay estos días es conocido de sobra por la Agencia Tributaria: personal de las empresas de vacaciones, asesores preparándolas, empleados de las asesorías, igualmente, organizando su merecido descanso...», desgrana Eduardo Cortés, presidente de la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales de Andalucía (APTTA). A su despacho han llamado en los últimos días alrededor una decena de clientes preocupados por no poder atender en fecha los requerimientos del fisco. Y la situación se repite en numerosas asesorías de la ciudad.

Cortés detalla que estas actuaciones no son inspecciones fiscales al uso, sino una especie de chequeos que realizan los funcionarios de Hacienda in situ en los negocios para comprobar si hay algún indicio que pueda motivar una inspección. «Es algo totalmente novedoso», afirma. «Comprendemos y compartimos las actuaciones inspectoras, pero no en el periodo vacacional por excelencia. No es bueno ni para el contribuyente, ni para el asesor ni para la propia AEAT», añade.

Su colega José María Muñoz, dueño de la asesoría fiscal del mismo nombre, también se muestra extrañado por la «inusitada» fecha elegida por Hacienda para pedir documentación a las empresas «de forma masiva». «Yo veo un claro afán recaudatorio porque las diligencias han llegado en los últimos días de julio y no en agosto, que es el mes en el que se suele dejar en off el buzón de notificaciones de la Agencia Tributaria. Parece que se hace para que los contribuyentes no lleguen al plazo y así imponerles una sanción», opina.

Rubén Candela, al frente de otro despacho en Málaga, también confirma esta avalancha de requerimientos y afirma que la sanción que puede imponer la AEAT ante la no presentación de los documentos en plazo puede partir de 300 o 400 euros.

Con el fin de mostrar su «alarma» y su «indignación» ante esta situación, la APTTA ha enviado un escrito al delegado especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla, en el que pide que se tomen «las medidas oportunas para que la demora en la entrega de la documentación requerida no acarree sanción alguna». Los asesores fiscales plantean además que de forma oficial se dé un mayor plazo sugiere todo el mes de septiembre para la atención de los requerimientos.

Respuesta de la AEAT

La Agencia Tributaria no parece dispuesta a rectificar. Consultados por SUR, sus portavoces afirman que los requerimientos aludidos responden a las actuaciones habituales de control de la economía sumergida que están establecidas en el marco el Plan de Control Tributario y cuya ejecución se planifica a largo del año, incluido también el mes de julio. Las mismas fuentes concretan que en la provincia de Málaga se realizan más de dos mil actuaciones al año que se practican en los propios lugares donde se efectúan las actividades económicas que son objeto de control. Además, señalan que el ordenamiento jurídico no permite la interrupción injustificada de las actuaciones de control ni establece periodos inhábiles generalizados, como sí ocurre en otros órdenes como el jurisdiccional.

No obstante, desde la AEAT advierten de que en todos sus procedimientos de captación de información se establece la posibilidad de que los obligados expongan las circunstancias que pudieran impedir el cumplimento en plazo de las solicitudes de documentación que se les efectúen.

Según los portavoces de la administración tributaria, siempre tratan de adecuar la práctica de sus actuaciones a los diferentes momentos temporales en que se practican y en especial a los periodos vacacionales, remitiendo sus comunicaciones a los contribuyentes en aquellos momentos en que se entienden más oportunos para su notificación efectiva. Sin embargo, aducen que ello no puede suponer la paralización de los procedimientos sin causa que lo justifique o la introducción de moratorias generales no permitidas por el ordenamiento tributario.