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La Junta intenta contentar 'in extremis' a los empresarios perjudicados por sus mapas de inundabilidad

El Gobierno andaluz asegura que aún está a tiempo de introducir modificaciones en un plan de gestión de riesgos que ya ha aprobado y al que solo resta el visto bueno final del Consejo de Ministros

Jesús Hinojosa

Miércoles, 25 de noviembre 2015, 21:00

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha asistido esta tarde a un encuentro con empresarios de los polígonos y los alcaldes de los ayuntamientos de Málaga, Cártama y Alhaurín de la Torre, afectados todos ellos por los planes de riesgo de inundaciones que el Gobierno andaluz ha aprobado para la zona del Guadalhorce. En la reunión, que ha tenido lugar en la sede de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), se ha acordado crear una comisión técnica para definir las medidas correctoras que deben priorizarse para reducir el riesgo de inundaciones en este ámbito en los próximos años. Entre esas medidas, destaca la sustitución del puente de la antigua N-340 y continuar con el encauzamiento del río aguas arriba del que ya se practicó hace más de una década.

De este modo, la Administración regional intenta contentar a los empresarios de los polígonos, que la semana pasada ya anunciaron su intención de acudir a los tribunales ante lo que consideran un atropello de la Junta que ya ha frenado al menos una decena de inversiones en la zona del Guadalhorce. El Gobierno andaluz, que ha rechazado las alegaciones que los empresarios presentaron al documento del plan de riesgos en abril, se muestra ahora muy interesado en mantener reuniones con ellos en los próximos días (la siguiente será el miércoles de la semana próxima) para aclarar dudas y fijar un calendario para la ejecución de las medidas correctoras. Además, los responsables de la Administración regional aseguran que aún se está a tiempo que introducir modificaciones en el documento del plan de gestión de riesgo de inundaciones, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz el pasado 20 de octubre y cuya resolución ya ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), antes de que reciba el visto bueno final del Consejo de Ministros. Unas variaciones que, de llevarse a cabo, ya van a contrarreloj, puesto que el plan debe entrar en vigor para el próximo 22 de diciembre para cumplir con las directivas de la Unión Europea.

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