El PP impugna un concurso de méritos que considera convocado «a la carta» en Torremolinos

Aún no han sido cubiertas y las nuevas plazas convocadas por el Ayuntamiento de Torremolinos ya arrastran polémica. El PP, en la oposición, ha recurrido el concurso de méritos para la provisión de un puesto de técnico de la administración general al considerar que los criterios fueron establecidos «a medida» para favorecer al actual secretario municipal, el aspirante con más puntuación. Los populares acusan al PSOE, que gobierna en minoría, de ajustar la valoración de méritos según sus propios intereses. La puntuación de los requisitos de la convocatoria de diciembre, ganada por el secretario, difiere en varios puntos de las nuevas convocatorias de mayo, pese a que todas tienen como destino las vacantes de técnicos de la administración general.

Como ejemplo, la convocatoria ganada por el secretario valora hasta con tres puntos la experiencia en puestos de coordinación en ayuntamientos de municipios con más de 50.000 habitantes. Este criterio no aparece en las bases de los siguientes concursos y casa con el perfil del secretario, que ha ocupado varios altos cargos en la administración local de Córdoba. También se valora hasta con dos puntos la experiencia en la representación y defensa de instituciones, otro mérito que no aparece en las siguientes convocatorias y que vuelve a ajustarse al perfil del habilitado nacional, que entre 2003 y 2004 fue letrado en el Ayuntamiento de Ripollet.

También la composición del tribunal, presidido por el interventor, ha despertado los recelos del PP. Uno de los miembros de la mesa es «conocido» del secretario, de quien llegó a ser primer vocal en un tribunal del Ayuntamiento de Lantejuela, en Sevilla. Además, los populares cuestionan la justificación del concurso de méritos como proceso selectivo del puesto al entender que debía haberse utilizado el sistema de oposición.

La líder del PP en Torremolinos, Margarita del Cid, asegura que su grupo municipal trasladará el asunto a los juzgados si el Ayuntamiento no revisa de oficio las bases, como ha solicitado. Al entender que podría producirse un conflicto de intereses, el PP también ha trasladado el asunto a la Subdelegación del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Sepram. El delegado de este último órgano, perteneciente a la Diputación de Málaga y responsable de la atención y el apoyo a los municipios, es Ramón del Cid, también concejal del PP en Torremolinos.

«Desviación de poder»

El recurso presentado por el PP llega a hacer alusión a la elaboración de «un traje a medida» para asignar la plaza «en clara desviación de poder». Desde el Gobierno socialista aseguran que los méritos y sus valoraciones difieren en un caso y otro porque, aunque el puesto sea el mismo, «las funciones son diferentes». En el caso de la convocatoria ganada por el secretario, el cargo comporta la coordinación de todas las áreas de gobierno y el asesoramiento en delegaciones y empresas municipales. Las funciones de los técnicos cuyas convocatorias se han hecho públicas esta semana, sin embargo, se centran en el asesoramiento legal y presupuestario de áreas específicas, como Servicios Sociales y Promoción Cultural.

El secretario ocupa su puesto actual en categoría «de entrada» y en marzo, según el Boletín Oficial del Estado (BOE), fue destinado al Ayuntamiento de Fuente Palmera, en Córdoba, al no ostentar la categoría superior de Secretaría que corresponde al Consistorio torremolinense. Desde el PP sostienen que la convocatoria sería «una maniobra» para que el habilitado nacional pudiera permanecer en Torremolinos. Su nuevo puesto como técnico, que aún no ha sido adjudicado, tiene un sueldo cercano a los 50.000 euros brutos al año, complementos específicos incluidos.

Por su parte, el Gobierno local afirma que «es habitual» que los miembros de estos tribunales conozcan a los aspirantes y recuerda que el secretario municipal «ha ganado cinco oposiciones y ha desempeñado funciones de primer nivel en ayuntamientos de todo el país», además de asegurar que su credibilidad y sus méritos «están fuera de toda duda». Los socialistas achacan la polémica a los informes del secretario, «que han supuesto el reestablecimiento de la legalidad y el cuestionamiento de la gestión» de legislaturas anteriores, bajo gobierno del PP, y recuerdan que los populares fueron denunciados por presuntas presiones a una habilitada nacional en 2010.