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La Universidad de Sevilla se resiste a actuar sobre el entorno del catedrático abusador

El Comité de Seguridad y Salud acuerda empezar en febrero a evaluar la posible modificación de los protocolos de acoso

L.G.-S.

Martes, 24 de enero 2017, 00:54

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La Universidad de Sevilla va a empezar a trabajar, a partir de febrero, en la «evaluación y propuesta de modificación de los procedimientos de atención y prevención de conductas que atenten contra la dignidad de las personas, incluido el protocolo de acoso», a raíz de la condena al catedrático Santiago Romero, de siete años de prisión por abusos sexuales y lesiones cometidos contra dos profesores y una becaria de investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación. Ha sido la conclusión final del Comité de Seguridad y Salud de la Hispalense, reunido ayer y fuertemente contestado por los representantes sindicales y del profesorado, que reclamaron, sin éxito, que se abra una comisión de investigación sobre el comportamiento de los organismos que pudieron mirar hacia otro lado en el caso y que se cese al director del departamento en el que trabajaban las víctimas.

La sentencia del Juzgado de lo Penal n2 dejaba abierta la posibilidad de medidas administrativas hacia el entorno del catedrático, que no actuó e incluso cubrió al abusador pero no parece que la US esté dispuesta a abrir ese camino.

El acuerdo del citado Comité de Seguridad lamenta «firmemente el abuso sexual continuado sufrido» por las tres docentes, les muestra su apoyo y elogia su valentía. También se compromete «a investigar y evaluar» las actuaciones realizadas hasta el momento para «implementar las mejoras que se estimen necesarias, escuchando muy especialmente la voz de estas tres mujeres que han sido víctimas de los hechos; y sin olvidar asimismo a la Facultad de Ciencias de la Educación en este proceso de evaluación y restablecimiento de los daños tanto personales como institucionales consecuencia de este caso».

Los tiempos de la institución no son los del personal, cuyos representantes criticaron la reunión de ayer, presidido por la vicerrectora de Servicios Sociales y Comunitarios, Ana López, que fue una de las primeras firmantes de la carta de 25 profesoras que comenzó a denunciar los abusos de Romero. Jesús Castillo, delegado de prevención de riesgos laborales, consideró que los tres casos son «la punta del iceberg» y presentó un amplio catálogo de medidas, entre las que, además de las señaladas, se encuentra la expulsión definitiva de Romero y la investigación de la actuación de una larga lista de cargos académicos.

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