La clase media paga la factura de la crisis

A cenar y al cine todos los fines de semana. Una escapadita de vez en cuando. Ir de compras porque sí. Una cuenta de ahorro que mes a mes iba creciendo... Así era la vida de María Eugenia y Pedro antes de que la crisis asomara la cabeza por su puerta. Ella, secretaria en un estudio de arquitectura; y él, vigilante de seguridad, sumaban unos ingresos de casi 2.500 euros cada mes, con una hipoteca asequible y dos hijos. Clase media-media, sin lujos pero tampoco apreturas. Hoy no recuerdan la última vez que fueron al cine. «Ni una tapa nos tomamos», asegura ella, desempleada desde el pasado mes de mayo. Su marido encadena contratos temporales desde que perdió su trabajo de toda la vida. Ahora entre los dos no alcanzan los 1.500 euros. «No llegamos a final de mes. Unas veces nos ayudan mis padres; otras dejamos algo por pagar hasta el mes siguiente».

Cinco años de crisis y tres de recortes y subidas de impuestos han cambiado la vida para peor a muchos malagueños encuadrados en ese cajón de sastre denominado «clases medias»: trabajadores asalariados, pequeños comerciantes, funcionarios, profesionales liberales... Hace unos días, el consejero delegado de Carrefour en España se quejaba de que la «erosión de las clases medias» les ha hecho perder a sus «mejores clientes». Con unos sueldos que se han visto congelados o recortados, la amplia franja de familias se mueve entre los 20.000 y 100.000 euros anuales de ingresos se ha convertido en la diana de las subidas de impuestos impuestas por los gobiernos central, autonómico y municipal. Y mientras sufren una creciente merma de poder adquisitivo que les impide ahorrar y les obliga a recortar gastos principalmente en los capítulos de ocio, viajes o ropa ven cómo las rentas más altas escapan de la presión fiscal a través de técnicas de ingeniería fiscal como las famosas sicav.

Para empezar, los sueldos son hoy peores que antes de la crisis para la inmensa mayoría de los trabajadores. A unos se lo han congelado; otros han sufrido recortes que quedan reflejados en las estadísticas de costes laborales. Así, según el INE el salario medio bruto en Andalucía era, en el segundo trimestre de este año (que es el dato más actual), de 1.733 euros al mes, lo que significa que en los dos últimos años ha caído un 3,9%, rompiendo la senda alcista de la década anterior. Pero la pérdida de poder adquisitivo es superior, ya que desde octubre de 2011 el IPC ha subido en Málaga un 2,8%, lo que sumado a la caída salarial del 3,9%, equivale a una merma de en torno al 6,7% en tan sólo dos años.

La puntilla en este debilitamiento de las clases medias la están poniendo las políticas de ajuste impuestas desde Gobierno central, Junta y ayuntamientos. La combinación de recortes en gasto público y subidas de impuestos se está cebando con el contribuyente medio: ése que cobra un sueldo o una pensión que no puede esconder a Hacienda (a diferencia de las grandes fortunas); cuyos ingresos le dan para consumir pero no para ahorrar (con lo que no puede compensar la inflación) y que hace uso de los servicios públicos (que ahora se encarecen). Y que, como además supone la porción mayoritaria de la población, representa el camino más fácil para aumentar la recaudación tributaria. «La clase media es la que ha soportado de forma más intensa, cuantitativa y cualitativamente, la factura de la crisis», afirma el secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo.

Presión fiscal

Y es que casi todas las medidas para sanear las cuentas del Estado han incidido directamente en la asfixia de las economías domésticas: subidas de impuestos directos (IRPF e IBI) e indirectos (IVA e hidrocarburos), recorte de sueldos de funcionarios, congelación de las pensiones, aumento de las tasas universitarias y reforma laboral. Especialmente dañinas e injustas han sido, según Mollinedo, las subidas del IVA, que han hecho perder más de 500 euros anuales de capacidad compra a una familia media con dos hijos. «Es un impuesto que no es progresivo sino que afecta indiscriminadamente a toda la población, y de forma más intensa a los que tienen rentas más bajas», explica el fiscalista.

A la vez, la subida del IRPF ha perjudicado especialmente a los tramos más altos dentro de las clases medias. Así, un contribuyente que gana entre 17.707 y 33.007 euros anuales paga ahora 165 euros más a Hacienda, mientras que los situados entre los 33.007 y 53.407 euros se les ha elevado la factura fiscal en 488 euros anuales. Mención aparte merecen los profesionales autónomos, que han visto incrementadas sus retenciones del 15 al 21%.

Los propios técnicos de Hacienda consideran que el ajuste fiscal se podría haber hecho «de otra manera». «Antes de subir los impuestos se debería exigir que paguen los que evaden. Y ahí hay mucho margen para mejorar. Reduciendo la economía sumergida a la mitad (lo que supondría situarla en niveles medios dentro de la Unión Europea) se recaudarían 38.500 millones de euros más al año», afirma Mollinedo, que propone además otra medida más a corto plazo: subir el Impuesto de Sociedades para las grandes compañías.

Pero no sólo el Estado y la Junta han exprimido a la clase media en su ansia por aumentar la recaudación. Los ayuntamientos también han aumentado la presión fiscal sobre el ciudadano de a pie. Autobús, agua y todo tipo de tasas han subido por encima del IPC, pero el que se lleva la palma es el Impuesto de Bienes Inmuebles. El efecto del catastrazo y de la subida del 4% decretada por el Gobierno central para todos los locales y las viviendas valor superior a 72.120,2 euro se ha dejado notar en el peor momento de la crisis, elevando los recibos de más de la mitad de los propietarios de viviendas en el caso de la capital malagueña. Dependiendo de la zona, hay familias que este año han pagado hasta un 40% más de IBI.

En esta pérdida inexorable de poder adquisitivo merece capítulo aparte uno de los pilares de las clases medias: el funcionariado. Entre los recortes aplicados en el ámbito estatal (rebaja salarial del 5%, supresión de la paga de Navidad de 2012, congelación del sueldo desde 2010) y las medidas adicionales aprobadas por la Junta de Andalucía (suspensión de gratificaciones extraordinarias, reducción del 10% de la productividad, eliminación de ayudas de acción social y recorte del complemento específico en dos pagas extras), el colectivo de trabajadores públicos acumula ya una merma del 35% en su capacidad de consumo desde que la tijera de los recortes apareció en escena en 2010.

Todo sube

Con una cartera gravemente tocada por los recortes salariales y la creciente presión fiscal, las familias se enfrentan al inexorable encarecimiento de productos de primera necesidad. Especialmente dura ha sido la escalada de los combustibles: en los últimos cinco años llenar el depósito es alrededor de un 20% más caro. Otros servicios básicos para las familias como el agua y la electricidad también han visto disparado su coste, especialmente esta última tras las sucesivas medidas adoptadas por el Gobierno para solucionar el llamado déficit de tarifa. El Eurostat revela que en España el recibo de la luz es hoy más de un 37% más caro que en 2008.

Tan sólo un capítulo de los presupuestos familiares ha perdido peso en estos años de crisis: la hipoteca. La bajada del euríbor hasta mínimos históricos ha propiciado que la cuota mensual de muchas hipotecas se reduzca sustancialmente. De muchas pero no de todas, ya que la tristemente famosa cláusula suelo está impidiendo que cientos de miles de malagueños se beneficien de la bajada de los tipos de interés.