Procesan a 51 personas por el 'caso Arcos' contra la corrupción urbanística

El auto de procesamiento abreviado dictado por la jueza Irene Urbón, cuenta con trescientos folios, y también establece el sobreseimiento de quince personas, según fuentes cercanas a la investigación.

Múltiples presuntos delitos contra la ordenación del territorio, supuestos cohechos, prevaricación urbanística y falsedad documental se le imputa al exregidor Martín Alba, que dimitió de la Alcaldía que ocupaba desde 1991 antes de ir a la cárcel en marzo de 2009, aunque abandonó la prisión tres meses después de hacer efectiva la fianza de 120.000 euros impuesta por la jueza.

En esta causa también se ha visto implicado el que era jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación malagueña, José Francisco Mora, quien también pasó por la prisión y quedó en libertad unos meses después tras el pago de la misma fianza que el exalcalde.

La supuesta red de corrupción política-empresarial tiene su origen en asuntos vinculados al urbanismo y va a sentar en el banquillo de los acusados además de Martín Alba y José Francisco Mora a varios constructores, un gestor inmobiliario, administradores de varias empresas, vecinos del municipio y algunos extranjeros.

Según se desprenden de las investigaciones, a las que ha tenido acceso Efe, el exregidor podría haber dado sistemáticamente licencias ilegales sin informes técnicos y jurídicos, algunas de ellas el mismo día que eran solicitadas y sin estudio de su viabilidad.

Las fuentes han explicado a Efe que en algunos casos se trata de promociones grandes y en otras de construcciones aisladas, donde grandes constructores compraban solares no urbanizables y los vendían.

En otras ocasiones los beneficiarios eran vecinos que vendían, otros compraban y luego se revendían los terrenos.

De la investigación se desprende una trama que construía y posteriormente legalizaba viviendas en suelo no urbanizable en la sierra de la Axarquía.

Ya en septiembre de 2008 en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se advertía de que de resultar ciertas las informaciones de las que disponían, el entonces alcalde "se habría enriquecido a cambio de permitir determinados actos".

El municipio de Alcaucín estuvo durante varios años en el punto de mira de los ecologistas, hasta que saltó el caso de supuesta corrupción, que denunciaban el proceso urbanizador en el suelo rústico de esta comarca, en cuyo campo calculan que se ha construido unas 20.000 viviendas.

El sumario cuenta con unos 50.000 folios, donde 25.000 son autos principales, 19.000 son atestados policiales y el resto piezas documentales y periciales.

Durante los registros llevados a cabo por la Guardia Civil en el 2009 en la casa del exregidor, quien se negó a dar la llave de la caja fuerte, se encontraron más de 150.000 euros bajo un colchón.