Más de un centenar de británicos recusan al juez que investiga una macroestafa inmobiliaria en la Costa del Sol

El despacho de abogados Lawbird, con sede en la localidad malagueña de Marbella y representante de los afectados por dicha estafa, se ha hecho cargo de la presentación de la correspondiente recusación.

En el escrito dirigido al juez Coronado Ruz para que abandone el caso, los abogados Antonio Flores Vila y Luis Fernando González Ordóñez han hecho constar que el hermano del instructor ha sido "accionista, secretario, e incluso presidente del consejo de administración de la sociedad Paraíso Tropical SA", según ha informado el despacho de abogados a través de un comunicado.

Se trata de la mercantil propiedad del principal imputado, Ricardo Miranda, acusado de haberse apoderado de más de 12 millones de euros pagados por los estafados en concepto de depósitos para sus futuras viviendas. Las promociones, que iban a estar ubicadas en una parcela de Estepona y República Dominicana, nunca se llevaron a cabo.

Así, Ignacio Coronado Ruz ha sido también representante de la mercantil Inversiones CCF S.A. --antiguo cotitular de unos terrenos propiedad de sociedades de Miranda en República Dominicana--, según el comunicado.

Tal y como ya se conoció públicamente al presentarse la querella por esta estafa inmobiliaria, en febrero de 2011, no sólo hay afectados por el fraude en Estepona, sino también en el citado país caribeño, según el citado comunicado.

La sociedad CCF S.A., a la que ha estado vinculado el hermano del juez instructor, era copropietaria de los terrenos dominicanos junto a CCF 21 Negocios Inmobiliarios S.A. cuyos dueños son los conocidos empresarios Carlos Sánchez Hernández y Andrés Liétor.

Según ha informado el despacho de abogados Lawbird, ambos han sido juzgados recientemente en el juicio oral por el Caso 'Malaya' y se enfrentan a abultadas penas de cárcel por diversos delitos, principalmente cohecho.

Así, el bufete Lawbird ha solicitado no sólo la recusación del juez Coronado, sino también la ampliación de la querella inicial. Pretenden que también sean imputados junto a Miranda los empresarios Sánchez y Liétor, además del hermano del magistrado de Plaza Castilla.

"Todos ellos, incluido Ignacio Coronado, cobraron de las empresas de Miranda por la venta de sus acciones y transmisión de los terrenos de República Dominicana", ha expresado el comunicado. En concreto, la ampliación de la querella recoge que el hermano del titular del Juzgado de Instrucción 16 de Madrid habría cobrado 100.000 euros a título personal, aproximadamente.

En opinión de los letrados querellantes "es impensable entender que el juez instructor no supiera la vinculación de su hermano con los hechos denunciados que comenzó a investigar". Así pues, afirman que Coronado "ha estado instruyendo casi dos años como si lo ignorara".

También, lamentan que el juez ahora recusado no haya tomado medida cautelar alguna, desde que comenzó a instruir dicha querella, y no descartan "acciones judiciales directas" derivadas de los hechos de la recusación, "teniendo en cuenta en todo este caso la mejor atención a nuestros clientes que depositaron su confianza en la justicia penal española, y a fin de evitar que situaciones como la presente vuelvan a plantearse a nadie que acuda a pedir justicia en España".

Los damnificados, en su mayoría de nacionalidad británica, pero también irlandeses y norteamericanos, habían elegido Estepona como un lugar seguro para sus inversiones y también como segunda residencia.

Cabe recordar que la inmobiliaria Ocean View y Sun Golf Desarrollos Inmobiliarios, cuyo dueño es Ricardo Miranda, promocionaron y vendieron a gran parte de los querellantes viviendas en Estepona en la promoción denominada Estepona & Country Club. Se iba a construir en el paraje de Arroyo Vaquero.

Además, Lawbird ha expresado que la promotora jamás ha sido propietaria del citado terreno y el suelo no es apto siquiera para edificar, nunca lo fue. Nunca fue solicitada la licencia de obra para construir, ante el Ayuntamiento de Estepona. A lo máximo que llegó el promotor fue a pedir un permiso para la caseta de ventas que, incluso, fue denegado por el Consistorio malagueño.

Por último, Lawbird ha denunciado que "tanto Ocean View como la promotora y Ricardo Miranda sabían todo lo anterior y, sin embargo se enriquecieron con las ventas sobre plano", desviando los depósitos a sus empresas en República Dominicana para financiar la compra de terrenos, y así continuar allí el irregular negocio inmobiliario objeto también de la querella. Los letrados Flores y González Ordóñez destacan que "para evitar el alcance de semejante engaño, la promotora nunca firmó los contratos que sí firmaron los compradores".