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Muchos ancianos tienen su voluntad anulada. / SUR
MÁLAGA

La Fiscalía pide cambiar la Ley de Dependencia para amparar a ancianos abandonados

Un artículo impide solicitar las ayudas en nombre de las víctimas, que suelen tener disminuida su voluntad

MONTSE MARTÍN

Viernes, 20 de febrero 2009, 03:07

La Fiscalía contra la Violencia de Género y Malos Tratos Familiares considera necesario modificar un artículo de la Ley de Dependencia para poder dar un amparo completo a las personas mayores que sufren malos tratos y abandono. La actual normativa establece que las ayudas sólo pueden ser solicitadas por la persona impedida, lo que imposibilita al Ministerio Público pedir estas prestaciones en nombre de los ancianos en situación de riesgo.

Flor de Torres, fiscal delegada, encuentra en este escollo una «contrariedad legal» que debería ser modificada para que tanto la Fiscalía como los servicios sociales y sanitarios puedan actuar de oficio ante casos de especial vulnerabilidad de los mayores, que generalmente tienen disminuida su voluntad y no son conscientes de su situación.

En 2008 la Fiscalía investigó 44 casos de maltrato y abandono (cinco más que en 2007) en los que las víctimas eran mayores de 60 años. Se trata de bolsas de malos tratos que se ocultan en el seno de la familia.

Doblemente víctimas

Son personas de avanzada edad en situación de indefensión, de desprotección y de miedo que no denuncian, lo que las convierte doblemente en víctimas, según de Torres, quien ha mostrado en reiteradas ocasiones su preocupación por el continuo aumento de esta forma de violencia en la provincia de Málaga.

En una buena parte de los casos que ha podido detectar, la Fiscalía, además de presentar la correspondiente denuncia penal contra los agresores y responsables de la desasistencia de los ancianos, solicita en nombre de las víctimas las prestaciones de la Ley de Dependencia, dado que normalmente éstas tienen disminuida su voluntad y casi nunca son conscientes de su situación.

Sin embargo, el Ministerio Público se topa con la rigidez de la norma, que en el caso de la Ley de Dependencia establece que el peticionario de las ayudas debe ser el propio anciano. «Esto hace inoperativa nuestra solicitud al tiempo que el anciano no puede hacer la petición por sí mismo», añade la fiscal. Por ello, De Torres pide un cambio en este punto de la ley para que la víctima no quede desasistida.

Hijos y nietos

La Fiscalía sostiene que se pueden establecer dos tipologías diferentes de maltrato: uno, el abandono absoluto del anciano, que en muchas ocasiones se encuentra impedido, por parte de las personas que deberían velar por su cuidado.

Aquí se mezclan factores privados y familiares. El segundo es un maltrato físico claro, que puede producirse por parte de hijos o nietos que tienen perturbadas sus facultades mentales o que arrastran problemas de drogadicción o alcoholismo.

Sacar a la luz estas conductas «enquistadas en una forma de convivencia sometidas al oscurantismo de las relaciones y lazos familiares» sigue siendo una de las prioridades de la Fiscalía. De Torres añade que fruto de esta preocupación se va a constituir una mesa técnica de coordinación con las delegaciones de Igualdad y Bienestar Social y de Salud de la Junta de Andalucía con el objeto de combatir esta forma de violencia contra los mayores.

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