La galería de los horrores de la residencia clausurada en Cerrado de Calderón: «Mi abuelo cogió sarna»

Amelia es la nieta de un anciano, ya fallecido, que fue usuario de la residencia en 2022. «Estuvo mes y medio, lo que tardé en buscarle plaza en otra para sacarlo de allí», afirma la mujer, que no llegó a denunciar lo que vio, aunque dejó una reseña en Google con el trato recibido.

Según sostiene, su abuelo estaba sucio y desmejorado prácticamente desde el segundo día. «Le llevé ropa limpia y desapareció. Estuvieron poniéndole la misma ropa sucia varios días», asegura Amelia. «Mi abuelo -prosigue- decía que la comida estaba muy mala. Entró por su propio pie y a los cuatro días necesitaba un tacatá».

Cuando lo sacó de allí, llevó a su abuelo al Hospital Clínico y, afirma, lo diagnosticaron de sarna. «La cogió allí. Las condiciones eran insalubres, estaba todo muy sucio, las trabajadoras siempre fumando y los ancianos todo el día solitos. Un horror», insiste.

Aunque no se puede determinar cuándo se produjo el deterioro de la atención en la residencia, ni tampoco es posible comprobar la percepción de Amelia, lo cierto es que su descripción se asemeja mucho a la que contiene la denuncia formulada por el abogado Andrés Francisco Pérez Plaza, que representa a la propietaria de la finca donde se ubicaba.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, las titulares del negocio, dos hermanas, alquilaron en 2018 el chalé de Cerrado de Calderón, con una superficie útil de 650 metros, para convertirlo en una residencia privada -sin plazas concertadas con la Junta- para personas mayores. El precio del alquiler ascendía a 5.500 euros al mes.

La propietaria de la finca mantiene en la denuncia presentada en los juzgados de Málaga que las dueñas de la residencia le adeudaban 84.458 euros en concepto de impago del alquiler de la misma, por lo que les pidió que abandonaran la parcela.

Al parecer, y siempre según su denuncia, las inquilinas le exigieron dinero para irse y presuntamente le advirtieron de que si no accedía a sus pretensiones le destrozarían la finca. La dueña no sólo no podía pagarle a ellas, sino que había dejado ya hasta de abonar la hipoteca por el impago del alquiler.

Paralelamente, el departamento de inspección de los Servicios Sociales de la delegación territorial de Málaga visitó la residencia, donde en esos momentos había unos 30 ancianos, y detectó una situación grave de insalubridad así como en la «intimidad» en la higiene de los mayores, según fuentes del Gobierno autonómico.

La Junta ordenó el cierre de la residencia La Coracha, aunque no se pudo efectuar de manera inmediata, ya que antes debían buscar plaza a los usuarios afectados en otros centros cercanos. Una vez finalizada esa labor, se dio definitivamente por clausurada.

En esas, la propietaria seguía intentando recuperar su finca, que las inquilinas, según sostiene en la denuncia, se negaban a devolverle. Un amigo, que además es detective privado, realizó varias vigilancias en la zona y comprobó que las responsables del negocio estaban dando viajes sacando enseres del chalé, lo que evidenciaba una mudanza inminente.

El 28 de marzo, la dueña del chalé recibió una llamada en la que le comunicaban que el portón de acceso a la vivienda estaba abierto y que en la finca, aparentemente, no había nadie. Ante el riesgo de que alguien la okupara, se presentó allí y encontró la cerradura rota y la puerta atada con una cuerda.

La mujer se desmayó al entrar y ver el estado de su chalé, según el abogado Pérez Plaza. «El espectáculo con el que nos encontramos fue lamentable, sencillamente horrible. La finca presentaba un estado de desolación», relatan literalmente en la denuncia.

La propietaria describe así los desperfectos: «Roturas en cajones, persianas, mobiliario, aparatos sanitarios, muebles de cocina, pavimentos de gres y parqué, alicatados, puertas, mecanismos eléctricos; destrozos y abandono de jardín y piscina; sustracción de mecanismos de cierre de todas las puertas, suciedad general que afecta a toda la vivienda; paredes con excrementos y llenas de humedades; suelo hundidos, rotura de barandillas y colchones con orina».

La dueña ha realizado un extenso reportaje fotográfico de cada rincón de la antigua residencia para demostrar el estado en el que le devolvieron la finca. En su denuncia, además, ha adjuntado imágenes del estado en que ella la entregó para evidenciar el antes y el después.