Así se juzgará el caso 'Astapa': 50 acusados y 6 días solo para las cuestiones previas

Iván Gelibter

Martes, 22 de noviembre 2022, 23:57

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14 años y cinco meses. Es es el tiempo que habrá transcurrido entre la detención del exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos, y el inicio del juicio por el llamado caso 'Astapa'. Cerca de tres lustros de investigación e instrucción de un macrocaso al que por fin le ha llegado su momento. El próximo lunes 9 de enero de 2023 comenzará en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga el juicio que juzga el caso de presunta corrupción urbanística ocurrido en el municipio costasoleño, y en el que de momento hay cincuenta personas acusadas y 23 personas jurídicas juzgadas como responsables civiles.

Tal como desgranó este martes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juicio está previsto que se inicie con el planteamiento de las cuestiones previas los días 9, 10,11, 12, 16 y 17 de enero de 2023 a las 10:00 horas, en sesiones de mañana en la sala número 4 de la Ciudad de la Justicia de Málaga. Las vistas se reanudarán a partir del día 7 de marzo con el inicio de la fase de prueba que tendrá lugar los lunes, martes y miércoles.

Durante las sesiones se abordarán los distintos tipos de convenios, actuaciones en materia de disciplina urbanística, depósitos bancarios en Suiza y Andorra, contratos y concesiones administrativas del Ayuntamiento, supuestos pagos y contraprestaciones por concesión de licencias, presuntos cobros de comisiones vinculadas a pagos de deudas, financiación irregular de partidos políticos, incrementos patrimoniales y actuaciones irregulares de técnicos municipales.

El procedimiento, con 351.114 folios entre los 128 tomos principales y los 646 de piezas documentales, tendrá 284 testigos y 48 peritos. Además de los 50 procesados hay otras 27 personas o entidades como supuestas responsables subsidiarias o a título lucrativo y tres acusaciones.

Ante la magnitud de la causa, la Sección Tercera pidió hace unas semanas «refuerzos» tanto de funcionarios, técnicos informáticos y demás personal auxiliar, además de dos magistrados. En concreto, se investigan delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. La Fiscalía Anticorrupción pide para el exregidor una pena de diez años y nueve meses de prisión, inhabilitación para empleo público por un periodo de 38 años y multa.

Barrientos siempre ha defendido su inocencia y su actuación en todo momento «dentro de la legalidad»; además de asegurar que «nunca se ha enriquecido ni obtenido beneficio alguno, ya sea directo o indirecto», fuera de las retribuciones propias de su cargo como regidor. Además, ha incidido en que los informes existentes están «plagados de errores» y planteará nulidades al inicio del juicio.

Anticorrupción acusa por supuestamente tener «una 'Caja B' con aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios», a través de donaciones o patrocinios de actividades; y por supuestas irregularidades en los convenios urbanísticos para «beneficiar a ciertos empresarios».

El fiscal apunta inicialmente a que cuando en junio de 2003 tomaron posesión de sus cargos «tuvieron que hacer frente a la desastrosa situación económica» en el municipio, pero «en vez de programar políticas de austeridad optaron por mantener e incluso aumentar un gasto público inasumible con los recursos presupuestarios».

«Para eludir cualquier mecanismo de control interno o externo optaron por financiar buena parte de ese gasto con la creación de una 'Caja B', procedimiento ya empleado en otros municipios de la Costa del Sol, que básicamente se nutriría de aportaciones de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios», dice la Fiscalía en su escrito provisional.

El ministerio fiscal considera que las contribuciones supuestamente «se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales, y también en asumir como gastos propios de las empresas deudas municipales».

Asimismo, Anticorrupción apunta en su escrito inicial que «se normalizó una práctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa relevante en materia urbanística a una previa negociación y acuerdo con la cúpula de uno u otro partido». En la causa se han investigado convenios tanto de planeamiento como de aprovechamiento.