Un IRPF pro-jóvenes en Portugal

La educación universitaria pública es un ejemplo paradigmático. Si una nación tiene establecido un sistema educativo de calidad, para lo que incurre en elevados costes, y los estudiantes, una vez egresados, se marchan al extranjero, tiende a generarse una circunstancia problemática desde los puntos de vista económico y social. Por cada egresado desplazado no regresado se origina un agujero en la contabilidad patrimonial nacional. El país, que ha hecho un esfuerzo para la formación de capital humano, sufre una patente descapitalización. La 'fuga de cerebros' ha sido calificada como el 'lado oscuro' de la libertad de movimientos de la Unión Europea. Ha sido éste un problema constatable en España, especialmente en los años de la crisis económica de la segunda década del presente siglo.

En Portugal, cuya población es de 10,3 millones de habitantes, entre 2008 y 2023, 361.000 personas con edades comprendidas entre 15 y 35 años abandonaron el país, representando dos tercios del total de las personas que emigraron en dicho período. Ante esta tendencia, el gobierno portugués ha presentado un propuesta legislativa encaminada a introducir sustanciales ventajas fiscales a los adultos jóvenes, ofreciéndoles un decenio de beneficios fiscales a quienes comienzan sus carreras profesionales.

Según la medida planteada, los residentes (nacionales o extranjeros) en el país vecino no mayores de 35 años, y con una retribución anual no superior a 28.000 euros, quedarían exentos del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) por dicho rendimiento durante el primer año de empleo. La exención alcanzaría el 75% en los tres años siguientes, el 50% en los años quinto a séptimo, y el 25% en los años octavo a décimo. Para hacernos una idea del impacto dinerario, a un salario medio en el año 2023 (23.714 euros) le correspondía una carga por IRPF del 18% (unos 4.200 euros).

En las últimas décadas, han sido frecuentes las ventajas fiscales para atraer a profesionales de otros territorios (regímenes fiscales de impatriados), pero han sido más atípicos los esquemas orientados a la retención del talento interno. Ante el panorama descrito, puede encontrar una lógica económica, desde una óptica de análisis coste-beneficio, el otorgamiento de incentivos fiscales. Al fin y al cabo, un incentivo fiscal no es más que una forma de gasto público por la vía indirecta del sistema fiscal. Sería equivalente a obtener una recaudación completa, y con parte de los ingresos financiar ayudas públicas directas para retener capital humano, de forma similar a como se hace para atraer o retener capital empresarial. En todo programa de incentivo o de ayuda pública, la cuestión estriba en comparar el coste presupuestario con los beneficios obtenidos.

Pese a esa posible justificación, el Fondo Monetario Internacional ha advertido de que la aplicación de un tratamiento fiscal preferente relacionado con la edad es costosa y plantea cuestiones de equidad, mientras que su eficacia para frenar la emigración es incierta. En el caso de Estados Unidos, sí existen claros de indicios de la influencia de la posición fiscal de los diferentes Estados en los flujos poblacionales interterritoriales. No obstante, la fiscalidad es sólo uno de los muchos factores que los jóvenes tienen en cuenta cuando toman la decisión de dónde instalarse (perspectivas de carrera profesional, entorno empresarial, condiciones de acceso a la vivienda, servicios públicos, etc.).

Aunque no se sabe si el gobierno luso logrará una mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante su propuesta, es innegable que ha puesto el foco en un importante problema que no puede ignorarse, y que representa una inversión ruinosa para una nación. Quizás no sea uno de los que se manifiesta con más virulencia aparente, pero va dejando una huella imperceptible que lastra el crecimiento y, con ello, las posibilidades económicas de nuestros hijos y nietos.