Un sector del PP teme que la muerte de Barberá haga retroceder al partido frente a la corrupción

Las primeras horas del duelo por la muerte de Rita Barberá han situado al PP en una nueva encrucijada sobre cómo gestionar los casos de corrupción. Hacía meses que en las filas populares se abría paso una corriente partidaria de romper con los lastres del pasado y mostrar una actitud inflexible frente a los escándalos. Una nueva generación de políticos, llegada a la dirección en junio de 2015, parecía estar dispuesta a recoger el hartazgo de la militancia y recuperar la confianza de los votantes conservadores. Pero ahora fuentes del partido temen que la conmoción por el fallecimiento de la exalcaldesa valenciana ponga en riesgo el camino recorrido.

Tanto Javier Maroto como Pablo Casado se convirtieron desde el pasado mes de febrero en la voz del clamor que se extendía en una formación «hasta las narices» de cargar con sospechas de financiación ilegal, de blanqueo de capitales y con malas prácticas sometidas al escrutinio de los tribunales en casos como 'Gürtel', 'Púnica' o 'Taula'. Fue entonces cuando ambos calificaron de «insuficientes» las explicaciones de Barberá sobre el supuesto blanqueo de capitales en el PP del Ayuntamiento valenciano.

Dos sensibilidades se revelaron aquel día en el partido. Mientras Mariano Rajoy se confesaba «tranquilo» respecto a la exalcaldesa, los vicesecretarios y dirigentes territoriales, que más tarde encabezarían Cristina Cifuentes o Isabel Bonig, demandaban firmeza para volver a construir la credibilidad perdida a golpe de escándalo.

Fue ese nuevo PP el que no dudó en reclamar a Barberá el acta como senadora una vez abierta la causa en el Tribunal Supremo. Muchos no entendían la necesidad de que la exalcaldesa siguiera aferrada a su escaño y bajo el foco mediático. Cargos de la vieja guardia, sin embargo, acusan ahora a esas voces, que parecieron mayoritarias en los territorios, de «ingratitud» hacia quien dedicó toda su vida a la formación.

Los dirigentes del partido confían en que estas manifestaciones se deban al dolor por la pérdida y esperan que los ánimos se serenen con el paso de los días. Si bien consideran que es conveniente plantear una reflexión sobre lo injusto de condenar públicamente a alguien sin sentencia firme, creen que sería un retroceso caer en la tentación de volver a tiempos en los que mantuvieron una posición más titubeante frente a las sospechas de corrupción. «Asumir responsabilidades políticas y dar un paso atrás no tendría que estar reñido con la presunción de inocencia», apunta un cargo popular.

El portavoz parlamentario del PP en el Congreso, sin embargo, sostiene que no es oportuno apresurarse en tomar una decisión cada vez que se presente una querella contra un cargo público. Es más, Rafael Hernando llegó ayer a plantear que «a lo mejor hay que darle una vuelta» al pacto suscrito en agosto con Ciudadanos. En concreto, al apartado de corrupción.

Cese inmediato

El punto 93 del acuerdo exige «la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por corrupción». Cuando el PP se comprometió a aplicar este criterio, la investidura de Mariano Rajoy estaba en el aire. Se trataba de una exigencia del partido de Albert Rivera para comenzar a negociar. Un mes más tarde, el presidente, con María Dolores de Cospedal y Fernando Martínez-Maillo como mediadores, forzaba la salida de Barberá del partido.

En realidad fue más allá de lo que exigía el pacto, puesto que no había aún imputación formal en el Supremo. Pero la presión de Ciudadanos y la campaña electoral en el País Vasco y Galicia no dejaban otra alternativa. Y el presidente del PP cedió, pese a que los populares siempre han defendido que el momento de apartar a un político debería ser el de la apertura del juicio oral.

Esa fue la tesis que rescató este viernes el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa en la que ofreció al resto de formaciones consensuar cuándo debe ser apartado un cargo sobre el que pesa una investigación por supuestas prácticas corruptas. Miembros del Ejecutivo están convencidos de que el caso de Barberá iba a ser archivado. De todos modos, entienden, como Méndez de Vigo, que «los pactos están para cumplirse» y descartan que vayan a proponer de manera formal reescribir el acuerdo con Ciudadanos. «Son cosas de Hernando», repetían en el partido, aunque se trate de su portavoz en el Congreso.