La oposición pide explicaciones al alcalde de Casares tras ser acusado de prevaricación

Juan Luis Villalón y José Carrasco. /Ch. Márquez
Juan Luis Villalón y José Carrasco. / Ch. Márquez

La Fiscalía señala al regidor y a dos de sus concejales por permitir el funcionamiento de una cantera supuestamente ilegal en el río Genal.

Charo Márquez
CHARO MÁRQUEZ

La Fiscalía de Estepona ha acusado al alcalde de Casares, José Carrasco, de un presunto delito de prevaricación por omisión al permitir las actividades de una planta de áridos presuntamente ilegal en el río Genal. Tal y como adelantó la Ser, además del alcalde también han sido acusados sus dos predecesores en el cargo, Juan Sánchez, y Antonia Morera, los tres últimos concejales de Medio Ambiente y los cuatro de Urbanismo, todos ellos de Izquierda Unida.

La cantera vendría funcionando desde hace 20 años en el paraje conocido como Vega del Barracón, aunque una denuncia en marzo de 2017 de un particular, cuya identificación se demostró que no era cierta, reabrió las investigaciones.

El Seprona comprobó que la cantera operaba sin licencia municipal, sin autorización ambiental, sin autorización de la Agencia Andaluza del Agua para la extracción de áridos del cauce del río Guadiaro, ni para devolver al cauce del río el agua resultante del lavado de los áridos.

Según la Fiscalía, existen indicios de que esta instalación operaba sin licencia municipal de obras, ni ambiental pese a que el Ayuntamiento de Casares se comprometió en el 2.000 a declarar la planta clasificadora de áridos de «utilidad pública», sin que llegara a hacerlo. Además el Consistorio tampoco completó el expediente sancionador abierto en 2007 tras las quejas reiteradas de los vecinos por las molestias causadas por el tránsito de camiones y por los daños que se estaban causando en los caminos de acceso y en el propio cauce del río.

La inspección del Seprona, realizada en marzo de 2017, constató que en la cantera contaban con una pala cargadora, una máquina niveladora y una planta de machaqueo y clasificación así como con un local para reparaciones mecánicas, un contenedor donde se depositaban residuos peligrosos, los cuales no estaban etiquetados, ni se acreditaba su correcta gestión, una báscula para camiones y un depósito de combustible.

También hallaron acopios de áridos tratados que superaban los 5.000 metros cúbicos. Los agentes del Seprona constataron que la empresa no tenía medios ni documentación con la que verificar el volumen exacto extraído del cauce del río y del árido vendido.

El presidente y portavoz del PP en Casares, Javier Quero, ha pedido explicaciones al alcalde y a los concejales de Urbanismo, Juan Luis Villalón, y Medio Ambiente, Noelia Rodríguez, por su acusación en este caso.

Quero ha recordado que desde hace más de un año el grupo Popular ha estado preguntado por estos hechos en los plenos municipales a raíz de las quejas reiteradas de los vecinos que denunciaban el tránsito de camiones, ruidos y vertidos en el río.

Quero ha anunciado que, según avancen las investigaciones, el PP «tomará las decisiones que crea oportunas para hacer cumplir la ley y se depuren responsabilidades políticas sobre quien corresponda, sobre todo velando por los intereses de los casareños».

Por su parte, desde IU han argumentado que las diligencias de la Fiscalía aluden a unos hechos acontecidos en 1997 sobre una explotación de áridos que data de la época del GIL y para la que el equipo de gobierno de IU dictó un decreto de paralización en 2007. «Desde ese momento, se entiende por finalizada la actividad económica y comercial de la cantera», han afirmado.

Asimismo se quejan de que los hechos que investiga la Fiscalía tienen su origen «una vez más», en una denuncia anónima, «al igual que en las otras causas judiciales en las que el Ayuntamiento se ha visto inmerso durante esta legislatura».

La coalición denuncia una presunta «persecución política» a la que están sometidos los miembros del Equipo de Gobierno, por medio de «continuas denuncias anónimas, que cuentan con el apoyo de la oposición que se encarga de difundirlas».

Y advierten que esta judicialización «ralentizan el trabajo que lleva a cabo el personal técnico, con el único objetivo de colapsar la administración».

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