José Luis Sierra y Miriam Martínez, en abril de 2002.

La traición de los testaferros saca a la luz la trama que el abogado de Gil montó para ocultar su patrimonio

La mujer de José Luis Sierra se autoinculpa y desvela una red societaria creada para impedir que el Ayuntamiento de Marbella cobre sus indemnizaciones

Héctor Barbotta

Sábado, 26 de marzo 2016, 18:47

Durante años, el que fuera abogado y mano derecha de Jesús Gil, José Luis Sierra, utilizó su posición en el Ayuntamiento de Marbella para amasar una fortuna al igual que hicieron otras figuras del régimen gilista. Pero tras ser condenado a devolver más de 23 millones de euros, el Ayuntamiento sólo pudo recuperar una pequeña parte, un ático de lujo situado en la avenida Estébanez Calderón, una de las más lujosas del casco urbano de la ciudad y donde también estaba el domicilio de Juan Antonio Roca.

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Fuera del alcance del Ayuntamiento quedó un importante patrimonio inmobiliario que Sierra acumuló durante años tras adquirir en secreto la sociedad José Banús SA, a nombre de la cual figuran numerosos bienes que de momento no han sido reclamados por el Ayuntamiento de Marbella. Sierra ocultó estos bienes mediante una red de ingeniería societaria tejida durante años y que salió a la luz después de que su mujer, Miriam Martínez, la denunciara ante la justicia mediante un escrito autoinculpatorio que tenía por objetivo impedir que quienes habían actuado como testaferros se quedaran con todo.

La historia se remonta a los primeros años del mandato de Jesús Gil, cuando Sierra era su hombre de confianza y el Ayuntamiento y la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, que también sería controlada por el GIL a partir de 1995, los principales acreedores de BANSA (Banús y Andalucía la Nueva SA), una sociedad que prestaba servicio de abastecimiento de agua y fue declarada en quiebra. Sierra fue nombrado síndico y desde esa posición de privilegio adquirió en secreto las acciones de la sociedad José Banús SA, una promotora con gran patrimonio inmobiliario que era a su vez la empresa matriz de BANSA.

Desde ese momento encargó a una persona de su confianza para que rastreara todos los bienes inmobiliarios de esa sociedad para hacerse con ellos. Lo hizo a través de una red de testaferros y mediante la ocultación de sociedades con el objetivo de que la verdadera propiedad de los bienes fuera lo suficientemente opaca para que en el caso de que fuese condenado por los actos ilícitos en los que participaba desde el Ayuntamiento de Marbella, como finalmente sucedió, no fueran detectados e inmovilizados por los tribunales.

Sin embargo, casi 20 años después, el entramado ha salido a la luz de la manera más inesperada. En febrero de 2014, la mujer de José Luis Sierra, Miriam Martínez, presentó un escrito en un juzgado de guardia de Madrid en el que se autoinculpó de un delito de alzamiento de bienes.

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La confesión tenía un motivo de peso. Durante los años en los que Sierra ocultó su vasto patrimonio, se valió sobre todo de dos personas de su confianza que actuaron como testaferros. Pero cuando su suerte comenzó a torcerse, la lealtad de sus colaboradores también se torció.

En febrero de 2010, el Supremo lo condenó a nueve años de cárcel y a pagar junto a los otros dos condenados, Juan Antonio Roca y el contable Manuel Castel, 23 millones de euros al Ayuntamiento. Sierra cumpliría unos pocos meses de prisión, ya que saldría excarcelado por sufrir Alzheimer en un estado avanzado, lo que lo eximió de sentarse en el banquillo de los acusados en el 'caso Saqueo 2', en el que también había sido procesado.

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Al parecer, ambas circunstancias -la cárcel primero y la enfermedad después- provocaron el distanciamiento de los testaferros, que habrían visto la posibilidad de apropiarse del patrimonio amasado por el abogado de Gil durante su paso por el Ayuntamiento de Marbella.

Así al menos lo denunció su mujer, que no vio mejor manera de impedir esa maniobra que contar ante un juzgado de Madrid toda la operación realizada por su marido para ocultar su patrimonio. Su comparecencia supuso una denuncia por alzamiento de bienes y apropiación indebida contra cuatro personas -los dos testaferros y sus socios-, pero también una autoinculpación, ya que la comparecencia incluía la confesión de haber participado personalmente en la trama ideada por su marido. En esta iniciativa, la mujer de Sierra contó con la asistencia letrada del que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella Francisco Javier de Urquía, inhabilitado tras ser encontrado culpable de sendos delitos de prevaricación y cohecho.

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Con detalle

Miriam Martínez no ocultó ningún detalle. En el escrito, dirigido al Juzgado de Guardia de Madrid -al que ha tenido acceso SUR- sitúa el inicio de esta operación en el momento en que Sierra fue imputado en los procedimientos que se conocerían como los casos 'Saqueo 1' y 'Saqueo 2'. Todo comenzó en 1997. «Mi esposo -relata- decidió llevar a cabo la ocultación de sus bienes mediante estructuras societarias complejas y la utilización de testaferros, lo que se hizo con mi conocimiento y, en algunas fases del proceso, mi participación».

Martínez recuerda que pese a las sentencias favorables al Ayuntamiento de Marbella, las responsabilidades civiles declaradas en ambos procesos no pudieron hacerse efectivas porque «la ocultación de los respectivos patrimonios de los diferentes imputados ha sido la norma general». La causa, en la que el Ayuntamiento de Marbella está personado, se encuentra pendiente de que el Tribunal Supremo decida cuál es el juzgado competente para tramitarla.

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