Recogiendo el sentir y la preocupación manifestada por los alcaldes de diversas comarcas, la Diputación de Málaga abandera la exigencia al Gobierno y a la Junta de Andalucía de una moratoria urgente a la instalación de instalación de parques solares en la provincia ante el 'boom' de solicitudes en trámite (se han presentado ya 75 propuestas y hay otras tantas en preparación, que ocuparían varios millones de metros cuadrados).
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El pleno ha aprobado por unanimidad (PP, PSOE, Adelante Málaga, Ciudadanos y el diputado no adscrito Juan Cassá) en su sesión telemática de este miércoles una moción institucional donde se exige una moratoria sobre los parques solares en los municipios que lo soliciten para poder analizar todas las propuestas en su conjunto y planificar cuáles son las zonas óptimas para este tipo de instalaciones, así como para que su opinión sea escuchada y dispongan de más tiempo para diseñar un desarrollo de este tipo de instalaciones más eficiente y sostenible.
Además se aboga por la puesta en marcha de una mesa de trabajo donde estén la Diputación, los ayuntamientos, la Junta y el Gobierno para buscar soluciones rápidas que eviten una implantación «sin control y masiva» de parques fotovoltáicos en trámite) y se apueste por una implantación «ordenada, eficiente, respetuosa con los recursos naturales, el medio ambiente y los valores paisajísticos y consensuada con los municipios implicados».
También se reclama que la Federación Española y la Andaluza de Municipios y Provincias celebre reuniones monográficas para abordar esta moratoria y se insta al Ministerio de Transición Ecológica a que en el plazo de tres meses apruebe la normativa que desarrolla la ley sobre cambio climático y transición energética.
«Respaldamos este alto en el camino en aquellos pueblos y ciudades que así lo reclaman para ver de qué forma se puede dar respuesta al desarrollo de estos parques sin que ello suponga un deterioro del entorno natural de nuestra provincia y, lo que es más importante, siempre de la mano de los ayuntamientos», ha afirmado el presidente de la Diputación, Francisco Salado, que ha agradecido la disposición de todos los grupos políticos en torno a esta moción.
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En este sentido, Salado ha recordado que envió cartas a la vicepresidenta del Gobierno y ministra e Transición Ecológica, Teresa Ribera; al consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo; y al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, advirtiendo del riesgo que supone abordar la instalación de parques fotovoltaicos sin un diseño ni planificación previa y reclamando que se regulen mejor este tipo de actuaciones.
El presidente de la Diputación ha defendido la necesidad de abordar con «mesura y garantías medioambientales» el proceso de instalación de parques fotovoltaicos y ha puesto la institución a disposición de los ayuntamientos para diseñar un plan donde se especifiquen qué suelos son más ideales para albergar este tipo de instalaciones, «siempre cuidando el impacto visual, paisajístico, medioambiental y de contaminación».
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Con ello, según Francisco Salado, se busca compatibilizar el desarrollo de este tipo de energía pero sin que se vean afectado sectores de gran importancia para la economía de la provincia como la industria agroalimentaria y el turismo y, dentro de este último, el turismo de interior.
«Creemos que la implantación de parques fotovoltáicos puede ser una oportunidad para aquellos ayuntamientos que dispongan de la superficie necesaria para ello, siempre y cuando no suponga un perjuicio para una actividad económica ya existente; para lo que la Diputación ofrece su asesoramiento, respetando siempre la autonomía municipal y a la espera de que desde el Gobierno central haya una instrucción clara al respecto», ha apostillado Salado.
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En el pleno de la Diputación han intervenido desde la Tribuna de Alcaldes los regidores de Álora, Francisco Martínez (PSOE), y Coín, Francisco Santos (PP), quienes han coincidido en afirmar que no están en contra de las energías limpias siempre y cuando su instalación se haga de forma ordenada y planificada y han advertido de los riesgos de un desarrollo «sin control».
Martínez ha defendido la necesidad de una moratoria para ver cuáles son las mejores zonas, limitar tamaños o replantear ubicaciones. «Una planificación consensuada y razonada, que tenga en cuenta a los habitantes, sus formas de vida, terrenos fértiles, valor cultural, paisajístico, turístico...«, ha subrayado.
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El regidor de Álora, que se ha referido a los parques previsto en el Valle del Guadalhorce y la Sierra de las Nieves -donde se prevén cuatro plantas fotovoltaicas que ocuparían 750 hectáreas, el equivalente a 1.125 campos de fútbol-, ha advertido que si el Gobierno y la Junta de Andalucía «no paralizan este ataque frontal, los alcaldes y vecinos estaremos enfrente para defender la conservación de la naturaleza, de la agricultura, de la forma de vida de nuestros vecinos«.
En los mismos términos se ha pronunciado Francisco Santos, quien ha lamentado que la falta de regulación de los PGOU no permite a los ayuntamientos hacer nada y el hecho de que las autorizaciones sean unificadas, «sin tener en cuenta el impacto acumulativo de las mismas». «Existe una burbuja energética», ha avisado.
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