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La Junta de Andalucía va a atender una de las principales demandas que se le han lanzado en los últimos años desde la patronal de ... los promotores para dar una solución urgente a la actual problemática del acceso a la vivienda. Según ha anunciado la consejera de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz, en una entrevista con SUR realizada en el marco del Salón Inmobiliario del Mediterráneo (SIMED), que acoge el Palacio de Ferias de Málaga hasta este sábado, el Gobierno andaluz va a incluir la vivienda en su unidad aceleradora de proyectos para que determinadas actuaciones residenciales puedan acometerse de forma inmediata.
«Estamos valorando cómo va a entrar la vivienda en esa unidad aceleradora», ha admitido Díaz, quien no ha concretado cuándo podría estar en marcha esta opción demandada desde Fadeco, la organización que agrupa a los promotores a nivel andaluz. No obstante, según ha apuntado, su consejería ya está en contacto con la Consejería de Presidencia, de la que depende la aceleradora de proyectos, para analizar las condiciones en las que los proyectos residenciales podrían ser declarados de interés autonómico.
En cualquier caso, todo apunta a que tendrían prioridad, a la hora de canalizarse por ese trámite excepcional, aquellas actuaciones que tengan una carga relevante de vivienda de protección oficial. «Trabajamos para ver si la VPO puede estar dentro de la aceleradora y que pueda tener una solución esta demanda que nos trasladaron los promotores», ha manifestado la consejera, que no ha ofrecido más detalles al respecto de esta medida.
Con todo, su puesta en marcha podría suponer un notable avance en la puesta a punto de terrenos que palíen la actual escasez de suelo disponible para construir, lo que frena las opciones para satisfacer la demanda de vivienda de un mercado en el que la oferta sigue muy por debajo de la creación de nuevos hogares. Incluir proyectos de vivienda, posiblemente con una carga elevada de VPO, en la aceleradora autonómica haría posible que esas actuaciones eludieran trámites urbanísticos que tardan años en completarse. Significaría que esas operaciones residenciales quedarían bendecidas por la administración, para su ejecución prácticamente inmediata. De hecho, es el camino que estaba previsto para poder construir la fallida Expo 2027 en los próximos tres años, en el caso de que Málaga hubiera resultado elegida para albergar este evento.
Asimismo, la consejera de Fomento ha declarado a SUR que están trabajando igualmente para que el plan de choque que incluye el borrador de la nueva Ley de Vivienda andaluza pueda adelantarse a la aprobación y entrada en vigor de esta norma, a la que todavía pueden quedar dos años de trámites por delante. «La ley incluye un plan de choque para dar una solución inmediata al problema de la vivienda y en eso estamos todos, trabajamos para que pueda estar antes», ha dicho.
Rocío Díaz ha remarcado que han tenido «mucho diálogo» con los representantes de las empresas promotoras y que tienen abierta «una mesa con el sector» en la que de forma permanente se están analizando las propuestas y alegaciones que presentaron al borrador de la nueva Ley de Vivienda.
Entre esas propuestas está la de declarar el problema de la vivienda como una situación de emergencia para que, de forma global, no solo para determinados proyectos, pueda actuarse de una forma ágil para producir más suelo. En ese sentido, la consejera ha señalado que están analizando «jurídicamente» esta propuesta para ver «cómo se puede avanzar».
No obstante, en uno de los foros del SIMED celebrado este viernes, el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atenet, ha admitido que «esto no es sencillo». «Pasamos de un 'boom' absoluto a una década de parálisis por parte de todos, administraciones y empresas. No es sencillo reactivar esta necesidad de viviendas», ha señalado, al tiempo que ha recordado que la actual ley urbanística de Andalucía, la conocida como LISTA, ya cuenta con «mecanismos que facilitan la financiación del suelo, como la posibilidad de urbanizarlo por fases».
En ese foro también se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de hacer uso de la figura jurídica de la «emergencia habitacional» para adoptar medidas urgentes que favorezcan la producción de suelo y la construcción de más viviendas. Rafael Fernández-Valverde, exmagistrado del Tribunal Supremo, ha apuntado en ese encuentro que una sentencia reciente del Tribunal Constitucional avala que esa «emergencia habitacional» pueda quedar recogida en la nueva Ley de Vivienda andaluza.
No obstante, el viceconsejero de Fomento se ha mostrado cauto y ha señalado que habrá que ver «cómo es capaz para conseguir suelo finalista en poco tiempo». «No es una cuestión sencilla», ha insistido Muñoz-Atenet, quien ha añadido que «habrá que establecer límites» en cuanto a la posibilidad de que proyectos residenciales puedan tramitarse de urgencia en la aceleradora de la Junta.
Por otro lado, en cuanto a la promoción de VPO por parte de la Junta, la consejera de Fomento ha recordado que el Gobierno andaluz está impulsando proyectos para más de tres mil viviendas en zonas como Lagar de Oliveros, al oeste de Puerto de la Torre, la zona de La Dehesa en Ronda, y Algarrobo. Asimismo, ha confiado en que se avance en los proyectos de VPO que la Junta va a dejar en manos de privados en el entorno del Centro de la capital y que llevan dos décadas pendientes. «Ha habido un parón absoluto durante la etapa del gobierno socialista en la Junta y es un imposible hacer en un corto periodo de tiempo lo que no se ha hecho durante tantos años», ha remarcado Díaz.
Las últimas promociones de viviendas públicas propias de la Junta que se recuerdan en Málaga son las 36 que entregó en 2008 en la calle Cerrojo y un proyecto de 14 realizado en el número 98 de la calle Trinidad en 2013. Las parcelas que el Gobierno andaluz dejó en manos de Lagoom Living el año pasado para unas 150 VPO en la zona de Lagunillas y Gigantes todavía ven de lejos el inicio de las obras.
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