Expertos defienden que la LISTA llega «al máximo» en la legalización de viviendas irregulares

El Palacio de Congresos de Marbella acogió ayer una jornada sobre la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), organizada por el Colegio de Abogados de Málaga, en la que se abordaron diversas cuestiones sobre cómo están siendo los primeros meses de aplicación de este nuevo marco normativo para el urbanismo en la región, que empezó a funcionar a finales del año pasado. En una mesa redonda coordinada por el abogado Manuel Jiménez Baras, del despacho Ius Urbis, se ahondó en aspectos relacionados con las novedades que introduce la LISTA en el suelo rústico, respecto al que algunos alcaldes de la Axarquía han expresado una cierta decepción porque esperaban que hubiera más mecanismos de regularización de las viviendas construidas durante las últimas décadas en terrenos rurales, donde ahora se permiten construir casas aisladas pero con unas estrictas condiciones de ubicación.

No obstante, algunos de los ponentes defendieron los avances que se producen con la LISTA en ese sentido. «Esta ley llega al máximo de lo posible de la legalización de viviendas, yo no habría llegado a tanto», señaló Venancio Gutiérrez, uno de los colaboradores de la Consejería de Fomento en la redacción de la norma. Por su parte, la directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, María del Carmen Compagni, remarcó que «no se puede poner el suelo rústico al mismo nivel que el urbano» y argumentó que desde la consejería nunca se anunció esta ley como una amnistía para las construcciones irregulares del campo, si bien apuntó que «se han dado grandes pasos».

En ese sentido, en el transcurso de la mesa redonda, en la que también participaron el director de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, José María Morente, y el gerente de Urbanismo de Córdoba, Luis Valdelomar, se mencionó que, con la LISTA, la obligación de demoler una construcción realizada de manera irregular en un suelo rústico de especial protección, que con la anterior ley nunca prescribía, ahora lo hace a los seis años desde la finalización de las obras, salvo que se trate de una edificación realizada sobre dominio público y servidumbres de protección; en un suelo rústico preservado con riesgos ciertos de desprendimientos, corrimientos, inundaciones o similares; o las ejecutadas en suelo rústico en zona de influencia del litoral, entre otros supuestos.

El abogado Juan Ramón Fernández-Canivell, del despacho Consulting de Derecho Urbanístico, defendió que en los casos en los que ya existan órdenes de demolición que pesen sobre construcciones para las que la LISTA hace que prescriba la obligación de restituir la legalidad urbanística, pasados los seis años, cabría solicitar una revocación de esas órdenes, aunque se trate de las que hayan emanado de sentencias judiciales.

Fernández-Canivell también puso de relieve los retrasos que padecen los promotores de determinados proyectos por las evaluaciones ambientales que deben cursar ante la Junta –en algunos casos de dos y tres años–, y dijo que la LISTA debería haber aplicado el silencio positivo en estos casos, es decir, que si la administración no resuelve un expediente en un plazo se entiende como favorable. «La LISTA no puede arreglarlo todo», le respondió la directora de Ordenación del Territorio, si bien admitió que es necesaria una revisión de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Por su parte, el abogado Manuel Jiménez Baras señaló que muchos ayuntamientos y particulares están teniendo dudas a la hora de comprender cómo hay que seguir funcionando con los planes generales urbanísticos actuales pero adaptándolos ya a contenidos de la LISTA. Sobre este asunto, los responsables de la Junta insistieron en que todo está muy claro en el texto de la norma, y que los municipios deben aplicarla sin miedos.

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