Málaga pide más ambulancias

Existen tres tipos de ambulancias, de menor a mayor equipamiento: A, B y C. Estas dos últimas están acondicionadas para ofrecer asistencia sanitaria y soporte vital básico (B) o avanzado (C). Las primeras, de clase A, son vehículos «no asistenciales» que deberían utilizarse únicamente para el transporte de personas que no precisan atención médica. Sirven, por ejemplo, para llevar pacientes a sesiones de hemodiálisis o pruebas de diagnóstico. El decreto de 2012 que regula el transporte sanitario establece una dotación mínima de personal para cada tipo de ambulancia: las de clase B deben contar al menos con dos técnicos en emergencias y las de clase C, con un técnico y un enfermero, además de con un médico «cuando la asistencia lo requiera». La normativa también contempla que, cuando sea necesario, en los vehículos de tipo A vayan dos técnicos.

Pero en Málaga sólo hay una ambulancia que en la práctica funciona como de tipo B, con base en Ardales. El resto de unidades de la provincia pertenecen a la clase A, sólo con un conductor (y catalogadas por tanto como no asistenciales), o al tipo C, también conocidas como UVI móviles. Y a menudo las ambulancias no asistenciales, sin más personal que un técnico, atienden accidentes, fracturas y otros avisos que desbordan su capacidad. «Hace poco», relata un técnico en emergencias con catorce años de experiencia, «recibí el aviso de que una señora se había caído en plena calle y sangraba por la boca». Iba él solo en una ambulancia de tipo A. Cuando llegó, la mujer estaba inconsciente: «Se estaba ahogando y tuve que llamar para pedir una UVI móvil, pero entró en parada. Yo sólo tenía un desfibrilador semiautomático y no puedo suministrar medicación. Estuve ocho minutos reanimándola, hasta que llegó la UVI, la intubaron y le metieron adrenalina. Reaccionó enseguida».

La escena se repite casi cada día: «Me han enviado a atender todo tipo de avisos, desde un golpe en el brazo que resultó ser un neumotórax que dejó al hombre dos meses en cuidados intensivos hasta el accidente de un camión donde el conductor estaba atrapado». Cuando en situaciones así se presenta una ambulancia básica con un solo técnico, las reacciones de familiares y testigos oscilan entre la incomprensión y la rabia, un revuelto emocional que en ocasiones deja a estos trabajadores en un peligroso estado de vulnerabilidad: «Muchas veces me han amenazado y han querido agredirme». Otro técnico, éste con más de veinte años de experiencia, asiente: «Nos ponen en riesgo. Esto está ocurriendo, aunque no lo quieran ver. No es normal que tengamos que ir solos. Ni siquiera para atender una intoxicación etílica, que parece sencillo. Pero el paciente puede hipotensionar, vomitar o ponerse agresivo y tú estás conduciendo y no puedes hacer nada. En Jaén, un hombre de 30 años abrió la puerta de la ambulancia en plena autovía, se tiró y murió. Aquí hemos sufrido agarres de cuello. Todas las unidades deberían tener al menos dos técnicos».

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) mantiene externalizado el transporte sanitario, gestionado en Málaga por el grupo empresarial Tenorio. Sus ambulancias asistenciales tienen como base los centros de salud de los distritos sanitarios que cubren. En su pliego de prescripciones técnicas, la Junta exige un mínimo de seis unidades en la Serranía (24 municipios y 54.454 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística), 11 en el Norte (19 municipios y 110.237 habitantes), 12 en la Axarquía (29 municipios y 168.962 habitantes), nueve en Valle del Guadalhorce (14 municipios y 153.276 habitantes), 11 en la Costa del Sol (11 municipios y 546.811 habitantes) y 10 en Málaga (seis municipios, incluidos la capital y Rincón, y 628.045 habitantes), aunque las que tienen base en Benalmádena, El Palo y Cruz de Humilladero sólo trabajan media jornada. A estas ambulancias hay que sumar los equipos del 061, una flota dependiente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) que tiene siete vehículos en Málaga, dos en la Costa del Sol y uno en la Axarquía. Incluso sumando las unidades del grupo Tenorio y del 061, los dos distritos más poblados de la provincia, Málaga y Costa del Sol, incumplen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fija un mínimo de una ambulancia por cada 25.000 habitantes.

En el distrito sanitario de Málaga hay 36.943 habitantes por ambulancia asistencial, cifra que se eleva hasta los 42.062 habitantes por vehículo en la Costa del Sol, sin tener en cuenta los millones de turistas que visitan ambos destinos. Esta deficiencia explica que, en muchos casos, las unidades en teoría no asistenciales (del tipo A, con un solo técnico) reciban avisos del centro de emergencias para atender urgencias que precisan equipos más avanzados. Un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía ya advertía en 2017 de la «prestación desigual» del servicio de transporte sanitario en los diferentes territorios de la comunidad autónoma, según cada contrato, además de notificar retrasos en los desplazamientos programados, tiempos de respuesta superiores al establecido para emergencias y un mayor coste de los dispositivos móviles de la EPES.

La precariedad del servicio viene de lejos. La mayoría de técnicos tienen sueldos mileuristas y denuncian que Tenorio paga a seis euros la hora extra bajo el concepto «hora de presencia» pese a que el convenio fija en su tabla salarial un importe de entre 10 y 17 euros, en función de la antigüedad. El sector reclama también vehículos específicos para pacientes con coronavirus. «En varias comunidades hay unidades sólo para este tipo de casos», explica un técnico de la Costa del Sol: «Pero aquí te mandan atender un dolor torácico después de haber trasladado a un Covid y lo único que te preguntan es si has desinfectado con lejía y un trapito».

En 2018, cuando estaba en la oposición, el PP denunció que las ambulancias que se ocupan del 90 por ciento de las asistencias llevan únicamente un técnico, «lo que supone un flagrante incumplimiento del decreto que regula el servicio». El actual delegado provincial de Salud, Carlos Bautista, reconoció en julio del año pasado que esta situación «no es lógica ni aceptable» y anunció que la Junta trabajaba en una homogeneización del servicio para evitar la desigualdad de criterios entre provincias. El nuevo convenio mejora las condiciones económicas de los trabajadores al incluir una tercera paga extraordinaria y el aumento de la antigüedad hasta los 25 años, lo que supondrá una recuperación que se suma al 6,6 por ciento de subida firmada en 2019.

Ahora, cuando están a punto de salir los pliegos para las licitaciones del servicio en Málaga, Sevilla, Córdoba y Almería, los trabajadores solicitan que no vuelvan a cometerse más irregularidades. La pandemia, recuerdan, ha vuelto a demostrar que el transporte sanitario es un sector fundamental para salvar vidas.