De la Torre vuelve a los tribunales para parar la licitación del metro al Hospital Civil

La historia de incertidumbre en torno al futuro de la línea 2 del metro de Málaga en su trazado entre el Guadalmedina y el Hospital Civil y que incluye un tramo en superficie por Eugenio Gross acaba de escribir su (pen)último capítulo. Lo hace con el Ayuntamiento de Málaga como protagonista y con el anuncio de que el gobierno municipal volverá a los tribunales para intentar paralizar el proyecto que lo mantiene enfrentado desde hace años a la Junta de Andalucía: en esta ocasión, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, anunciaba ayer tras la Junta de Gobierno Local que recurrirán de nuevo a la vía contencioso-administrativa para que se impugne el proceso de licitación del metro al Civil. Además, se han solicitado las medidas cautelares correspondientes para «paralizar la ejecución de los actos administrativos».

En su escrito, el Consistorio se refiere a la impugnación del acuerdo que aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el pasado 16 de octubre sobre la autorización del gasto y la celebración del contrato por la Agencia de Obra Pública para ejecutar las obras de prolongación de la línea 2; y lo hace «en base a los informes emitidos por los técnicos municipales de las áreas de Ordenación del Territorio, Accesibilidad y Movilidad, que habían sido puestos en conocimiento del gobierno andaluz sin que desde entonces se haya producido respuesta o rectificación alguna».

Los representantes del gobierno municipal, con el alcalde a la cabeza, justifican que el Ayuntamiento da este paso tras haber aprobado, el pasado 13 de febrero en la Junta de Gobierno Local, solicitar al gobierno autonómico la anulación del proyecto de construcción del referido tramo «y habiéndose producido con posterioridad y pese a esto, la aprobación por parte de la Junta de la autorización del gasto y la celebración del contrato», hasta un importe de 34,2 millones de euros, IVA excluido. Con el IVA, esta cantidad escala hasta los 41,42 millones de euros.

La maraña administrativa y política en torno al trazado del metro al Civil se tensa aún más si se tiene en cuenta que el miércoles por la noche se cerró el plazo para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas en la ejecución de la obra y que justo ayer se conocía el listado definitivo de las que optan al proyecto. A este respecto, el alcalde recordaba que la petición de impugnación y de medidas cautelares tiene como objeto «que no haya adjudicación para evitar que haya terceros afectados (en referencia a las empresas que concursan)».

Además, De la Torre insistía en que la decisión del Ayuntamiento de recurrir a los tribunales tiene por objeto «la búsqueda del bien común» y, sobre todo, no añadir nuevos problemas «a la movilidad en la zona oeste, ya que el proyecto altera sustancialmente su esquema». El regidor realizaba estas valoraciones acompañado del portavoz del equipo de gobierno, Carlos Conde, y de la edil responsable de Movilidad, Elvira Maeso, recordando además que «el argumento esencial para tomar esta decisión es que la movilidad pierde capacidad y se generan problemas en puntos concretos de las intersecciones».

En su recorrido detallado por esos problemas, el alcalde ha tomado como referencia los informes del Área de Ordenación del Territorio –en concreto de la Gerencia Municipal de Urbanismo–, que entre otras cuestiones recuerdan que el proyecto aprobado por la Junta de Andalucía no contempla «las obras de urbanización necesarias para que las calles que el proyecto de la plataforma tranviaria deja en fondo de saco puedan mantener la funcionalidad y el acceso de los servicios básicos y de emergencias». De igual modo, los informes municipales avalan que dicho proyecto «incumple la normativa de accesibilidad» –denunció De la Torre– «al establecer unas dimensiones de acerado que incumplen las establecidas, con carácter de mínimos, en la normativa vigente». El alcalde se refirió en concreto a la calle Santa Elena, «donde se plantean problemas en edificios que quedan sin rampas de accesibilidad, salvo las que se hagan dentro del edificio, y eso según lo que queda documentado es materialmente imposible».

También se extendía el primer edil en el capítulo del tráfico en la zona, aludiendo a la escala que considera con una A el mejor estado de la circulación y con una E, el peor. «En el entorno del metro tendríamos 14 puntos en situación D y dos en la E», aseguraba De la Torre, quien entró también de lleno en la utilidad «mínima» del propio proyecto de la Junta, «que reconoce en sus datos que los viajeros van a ser captados en un 91% de la EMT y sólo el 9% del tráfico privado». «Lo esencial –añadía el alcalde refiriéndose a su antigua aspiración del 'metrobús' – son todas estas alegaciones de Movilidad que no son atendidas por la Junta, que reconoce además que sus estudios son antiguos».

En ese último listado de agravios, De la Torre hizo referencia a los vecinos de la zona, «que no quieren el tranvía» –insistió– y que se han convertido en una parte fundamental de la batalla municipal contra el metro hasta el Civil. Cabe recordar, en este sentido, que es la tercera vez que el Ayuntamiento recurre a los tribunales –en concreto a la vía contencioso-administrativa– para intentar paralizar el proyecto, aunque con suerte dispar: el primer intento se saldó, en noviembre de 2017, con la desestimación por parte del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) del recurso del Ayuntamiento contra el proyecto básico de la prolongación del metro en superficie. Más recientemente –el pasado mes de junio– el consistorio volvía a los tribunales argumentando que el trazado que contenía el proyecto de construcción no se adecúa al planeamiento urbanístico en vigor ni a la normativa de accesibilidad ni movilidad en la zona. Sobre este último recurso aún no ha habido decisión judicial.

Más allá del enfrentamiento judicial entre Ayuntamiento y Junta a cuenta del metro al Civil, el resultado de las elecciones autonómicas del pasado 2D han impreso una nueva dimensión política al conflicto que podría cambiar el signo del proyecto. En este sentido, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, sostenía el pasado martes durante su primera visita a la capital tras los comicios que si finalmente hay acuerdo y es elegido presidente de la Junta paralizará la llegada del metro en superficie hasta el Civil y hará un trazado nuevo «para que vaya en su totalidad bajo tierra». «Málaga es una ciudad de primera y necesita un metro de primera», declaraba Moreno. Sobre esta cuestión, el alcalde dejaba también ayer su propia opinión: «El nuevo escenario político abrirá una nueva reflexión más amplia sobre este tema y permitirá recuperar el espíritu del convenio de 2003». Y también un último aviso: «Hubiéramos tomado esta decisión (ir a los tribunales) en cualquier escenario, aunque hubiera ganado el PSOE, porque nosotros no vamos a cambiar nuestro discurso lo más mínimo».