Los ayuntamientos estudian cobrar la nueva tasa a las empresas de energía

En concreto, se trata de una propuesta basada en el artículo 24.1 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Actualmente, la mayor parte de los consistorios gravan una de las posibilidades que recoge esta ley, la que establece el citado artículo en el apartado 'c': el 1,5% de la facturación que se obtenga anualmente en cada término municipal. Sin embargo, dentro de este mismo artículo, pero en el apartado 'a', la ley establece que las entidades locales podrán establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local; referido a los tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido incluido los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática y otros análogos que se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de dominio público local o vuelen sobre ello. «A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado de los terrenos», añade el artículo.

El Ayuntamiento del Rincón de la Victoria ha sido uno de los primeros en Málaga que se ha puesto manos a la obra. En el pasado pleno de febrero se aprobó por unanimidad una moción del concejal no adscrito, Antonio Pérez, en la que se plantea que se lleven a cabo estos estudios y se elabore la ordenanza. El entonces concejal de Hacienda, Antonio Moreno, dijo a SUR que desde que conocieron las sentencias, a comienzos del pasado mes de enero, se pusieron a trabajar en este asunto y que ya contaban incluso con un primer borrador de la ordenanza.

En cuanto a Ronda, el edil de Economía y Hacienda, Álvaro Carreño, asegura que está previsto en 2017. Esta tasa está recogida en el borrador de ordenanza y en el plan normativo para 2017, «esta modificación para hacerla este año».

Estos dos consistorios son los que tienen más avanzada la cuestión, pero no son los únicos en los que se está planteando. Fuengirola aprobó en el pasado pleno una moción para comenzar con los estudios, mientras que Mijas hará lo propio en el próximo pleno de finales de mes. Fuentes municipales de Alhaurín de la Torre, por su parte, reconocen que sabían de esta posibilidad y que lo están estudiando de cara al futuro. El edil de Hacienda de Marbella, Manuel Osorio, que conoció esta tasa a través de las informaciones publicadas, señaló su «total voluntad» de proponerlo en el equipo de gobierno, lo mismo que sostienen desde Benalmádena y Cártama. En el caso de Torremolinos, será Ciudadanos quien plantee esta cuestión próximamente, tal como señalaron desde el partido que lo ha puesto sobre la mesa en Mijas y Fuengirola.

En el caso contrario están Málaga y Alhaurín el Grande. El concejal de Hacienda de la capital de la Costa del Sol, Carlos Conde, manifestó que no se plantean ni tan siquiera estudiarlo porque, a su juicio, al liberalizarse el sector «ya hay compañías que tienen el negocio y hacen uso de redes que a su vez llevan las distribuidoras/comercializadoras», y sostiene que además «no es lo mismo la distribución cuando se trata de servicios generalistas a la población, que cuando es para sus propia estructura de almacenaje y distribución propia», un extremo que contrasta con la sentencia del Supremo, el informe del FEMP, y los informes elaborados en Rincón y Fuengirola, entre otros.

Aunque de momento se desconoce cuánto podrá recaudar cada municipio, sí se sabe que dicha cifra dependerá de la extensión del suelo y del valor catastral del mismo. En Fuengirola, con solo 15 kilómetros cuadrados, podría ascender a 200.000 euros anuales, pero en Mijas -cuya extensión es 10 veces mayor- calculan que recaudarían 2 millones por año.