El registro genético de los perros será gratis para los primeros 5.700 desempleados que lo soliciten

Los dueños de los 98.000 perros que hay censados en Málaga capital tienen hasta el 31 de octubre para registrar el ADN de sus mascotas en el banco genético que creará el Ayuntamiento para sancionar a quienes los abandonen o maltraten, y también a quienes no recojan los excrementos caninos. El precio de este trámite obligatorio, que se puede realizar en cualquier clínica veterinaria, es de 35 euros, un importe que se subvencionará a desempleados. Eso sí, quien quiera beneficiarse de esta ayuda tendrá que darse prisa en solicitarla, puesto que el Consistorio tiene reservado un fondo de 200.000 euros que se irá empleando hasta que se agote conforme vayan llegando las peticiones, que se podrán presentar a partir del próximo día 15 en todas las juntas de distrito. En total, esta partida permitirá bonificar a 5.714 propietarios. Para obtener este bono habrá que aportar original y copia tanto de su carné de demandante de empleo como del pasaporte del perro.

Quienes no se acojan a esta ayuda municipal tendrán que adquirir este vale de 35 euros en la propia clínica o bien a través del Colegio de Veterinarios, que centraliza esta actuación, tanto en su sede (Pasaje Esperanto, 1) como en su página web www.colegioveterinariosmalaga.es. Una vez comprado este bono, el veterinario realizará la extracción de sangre del animal y le entregará al dueño una documentación provisional que certificará que ha cumplido este trámite. En el plazo aproximado de un mes será cuando se complete la inclusión del perfil genético en el censo municipal, momento en el que se le proporcionará una chapa y una tarjeta identificativa. De esta forma, la Policía Local podrá comprobar fácilmente quién no ha sometido a su mascota a esta extracción de sangre, una conducta que tendrá la consideración de infracción leve y conllevará una sanción de hasta 500 euros, aunque se prevé que rondará los 150 euros. El control policial se activará una vez concluya la moratoria de seis meses que empezó ayer.

Del mismo modo, será a partir de noviembre cuando el personal de la empresa adjudicataria del servicio de control de plagas podrá tomar muestras de las heces que encuentren en la vía pública (un procedimiento que deberá ser validado por un funcionario del Área de Sostenibilidad Medioambiental) y las mandará a un laboratorio para compararla con los perfiles genéticos registrados. Esta prueba tiene un coste de 18 euros que, en principio, serán asumidos por las arcas públicas, aunque en el caso de localizar al propietario se le repercutirá esta cuantía. Además de la correspondiente multa por no recoger los excrementos, que suele rondar los 212 euros pero que puede llegar hasta los 500 si tiene lugar en parques, calles peatonales, zonas de gran afluencia o el entorno de centros educativos y sanitarios.