La familia de Francisco pide una última oportunidad

Francisco Javier Cortés tiene 38 años y cuatro hijos, uno de ellos discapacitado. Ha conseguido dejar el consumo de drogas y tiene un trabajo estable que le proporciona los únicos ingresos que entran en la familia. Ha dejado atrás los años oscuros de la cocaína en los que franqueó la puerta del delito. Ahora hace deporte y tiene una vida normalizada. Es otra persona. Pero la siempre lenta justicia le pide ajustar cuentas por su pasado turbulento y ha ordenado su detención e ingreso en prisión para cumplir una pena de tres meses de cárcel a la que fue condenado por comprar en 2007 una moto que había sido robada (delito de receptación). La jueza ha rechazado suspender su entrada en la cárcel mientras se tramita la petición de indulto de Francisco Javier, que apoyan tanto la empresa de chatarrería en la que trabaja y como el Centro Provincial de Drogodependencias donde ha seguido tratamiento de deshabituación.

«Si tuviera delante a la jueza, le diría que le dé una última oportunidad para que no vuelva a caer en la droga, para que no pierda su trabajo y no se despegue de sus hijos, a los que quiere con locura». La que habla es Susana Román, expareja de Francisco Javier y madre de sus cuatro hijos. Ya no viven juntos, pero mantienen una muy buena relación. De hecho, es ella la que está moviendo cielo y tierra para intentar que Francisco no vaya a la cárcel, incluso recurriendo a este periódico para dar a conocer su desesperada situación.

La familia de Francisco Javier se mueve en un precario equilibrio económico. Tras serle descontadas de su salario por su trabajo en una chatarrería, las deudas que tiene contraídas con Hacienda y la Seguridad Social, Francisco entrega todo lo que puede a Susana y sus hijos. Aún así ella, que está parada y no cobra ninguna ayuda, tiene que recurrir al Banco de Alimentos (Bancosol) y casi diario se trae el almuerzo para ella y dos de sus hijos (los otros están en el comedor escolar) del comedor social de Santo Domingo. Cáritas se encarga de pagarle parte del alquiler de la vivienda.

Ahora Susana está intentando reunir entre sus familiares un dinero que no tiene: 1.135 euros, para pagar la responsabilidad civil que lleva aparejada la condena de tres meses por la que se ha ordenado el ingreso en prisión de Francisco.

Su abogada ha recurrido ante la Audiencia de Málaga la decisión de la jueza de lo Penal número 1, que rechaza suspender la pena. «La jueza se acoge a los nueve antecedentes penales que le constan a mi cliente, pero todos están pagados, salvo dos, que suman penas de tres años de cárcel, pero que están suspendidas por otros juzgados», explica Paola Martínez Ledesma.

¿Reinserción social?

La letrada añade que, en caso de entrar en prisión, es muy posible que Francisco Javier, además de los tres meses de pena, tenga que cumplir los tres años que suman las dos anteriores condenas que dejarían de estar suspendidas en el momento que vaya la cárcel y no pueda pasar los controles en el Centro Provincial de Drogodependencias. «Quiero decirle a la jueza que tome en consideración la situación de esta persona y que el fin de reinserción social que persigue la cárcel no se va cumplir, mas bien todo lo contrario. La situación económica familiar es muy precaria. Tiene cuatro hijos, uno de ellos discapacitado, y si va a la cárcel puede perder el trabajo y caer otra vez en la droga», agrega su abogada.

Su familia confía en que la justicia dé una última oportunidad a Francisco, que puede ser detenido en cualquier momento y conducido a la cárcel. Por eso prefiere no salir en este reportaje, pese a ser el auténtico protagonista de esta historia, que es la suya.