«Hay que seguir buscando la paz»

Humberto de la Calle acaba de cumplir 73 años y tuvo una carrera política intensa. Fue embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en Reino Unido y en España. Jefe del equipo negociador en el proceso de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por parte del Gobierno del entonces presidente, Juan Manuel Santos, ahora explica en las universidades y diversos foros su experiencia en el proceso.

-¿Cómo califica el anuncio de vuelta a las armas de Iván Márquez y Jesús Santrich, que firmaron el Acuerdo de Paz de La Habana?

-Es un revés inexplicable porque regresar a las armas después de una lucha de más de medio siglo, totalmente estéril, es muy insensato. Hay una responsabilidad fundamental de estos disidentes y no se trata del nacimiento de una nueva guerrilla sino de grupos cada vez más cerca de actividades simplemente criminales.

-¿Cuál debería ser la respuesta del Estado colombiano?

-Tiene que ser la apropiada desde la perspectiva de la represión de personas que ellas mismas se han colocado fuera del acuerdo. Desde el punto de vista jurídico la respuesta es la de la justicia ordinaria y, desde el punto de vista de la defensa de las instituciones, el Estado desplegará acciones de carácter policial para neutralizar esta llamada a las armas. Pero tampoco podemos exagerar. Es un revés importante pero el grueso de los excombatientes sigue firme, alrededor de 10.000, el 90% de los que ingresaron a las zonas temporales, siguen comprometidos con la paz. Y la dirigencia del partido, encabezada por Rodrigo Londoño, manifiesta de manera muy sólida la decisión de continuar y eso es una muy buena noticia.

-Los disidentes cometen un error, pero el Estado...

-El Estado ha incumplido y ha demorado el cumplimiento de elementos esenciales para introducir los planes de desarrollo con enfoque territorial y lograr la reincorporación de la guerrilla. Como bien dijo Londoño, esos incumplimientos del Estado son reales pero no justifican la decisión de regresar a las armas. ¿Qué hay que hacer? Pues, además de la respuesta legítima del Estado, le corresponde al Gobierno (de Iván Duque) abrazar con mayor solidez y entusiasmo el cumplimiento integral de los acuerdos. Hay que cumplir con aquellos que continúan firmemente en su propósito de reincorporarse a la vida civil.

-Como jefe negociador del Gobierno de Santos en la mesa de La Habana, ¿usted tuvo confianza en Márquez y Santrich?

-La confianza era en el proceso, no en personas con unas biografías tan alejadas de lo que ha sido la vida de la mayoría de ciudadanos en Colombia. Francamente, la valoración no podía ser de tipo personal. Pero logramos crear en la mesa una capacidad de interlocución basada en un diálogo franco, que fue profundizándose. Desde nuestra perspectiva logramos, y en mi caso lo hice, colocarnos en los zapatos de las FARC, pero no para usar sus zapatos, porque el ejercicio en La Habana no era de convencimiento mutuo, ni una discusión política. Era un ejercicio práctico para superar un conflicto y abrir después posibilidades, como debería ocurrir y ojalá con mayor ahínco por parte del Gobierno, para lograr una paz firme y duradera.

-Durante estos tres años han sido asesinados muchos líderes sociales en Colombia.

-Es el peor talón de Aquiles en este momento. Algunos de los asesinados fueron objeto de ataques por parte del narcotráfico, en particular los que favorecían una solución voluntaria al tema de la sustitución de cultivos. El Gobierno se ha concentrado demasiado en este punto, pero no explica otras fuentes de violencia. Por ejemplo la que se ejerce contra defensores de derechos humanos, en términos de una especie de 'limpieza social' de líderes alternativos, de personas que defienden identidades de género diversas. Y luego está el fenómeno de los reclamantes de tierras, promovido por quienes durante más de medio siglo desplazaron a siete millones de campesinos que ahora buscan recuperar sus tierras y son objeto de violencia. Y hay -prosigue De la Calle- todavía unos leños ardiendo: la larga violencia en Colombia. La reflexión es qué hacemos. ¿Regresar al pasado, que creo un error, o continuar por la ruta de abrir espacios, reparar a las víctimas, aplicar una justicia transicional para todos los responsables? Esto es esencial y no solo para las FARC. También hay que dar fuerza a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La hoja de ruta es esa.

-¿Qué siente cuando escucha que todavía hay 5.000 combatientes?

-No puedo avalar la cifra de 5.000 combatientes. Sí es un hecho cierto que en algunas zonas, que son corredores de narcotráfico donde las FARC se movilizaron hacia las áreas de concentración, se generaron lamentablemente momentos de presencia de nuevos grupos o viejas fracturas de las propias FARC o de otras organizaciones criminales. Es un desafío para Colombia. La respuesta es que hay que seguir buscando la paz, bien por la vía del diálogo frente a los grupos que tienen carácter político, aunque eso está lejano, o mediante la acción de un Estado de Derecho que tiene que ocupar su territorio y no solo desde el punto de vista policial o militar, sino con presencia integral de un Estado para lograr superar aquella especie de aforismo, que dice que «en Colombia hay más territorio que soberanía».

-Hace años Colombia era identificada por el narcotráfico, la guerrilla y la delincuencia. ¿Cómo la ve hoy en día?

-No desisto de la idea de una Colombia que logre una paz firme y lleve a cabo transformaciones profundas en una sociedad que es una de las más desiguales del mundo. Ese camino está vivo pero también hay obstáculos. En primer lugar, frente al acuerdo de paz, la persistencia de los grupos de derecha en destruir el acuerdo, en eliminar la jurisdicción especial o, por lo menos, evitar que se juzgue a los militares. Empiezo a observar en Colombia, como en otros lugares del planeta, una especie de vena pseudodemocrática, lo que se llama la democracia liberal, minar las bases centrales de lo que significa el Estado de Derecho en términos de separación de poderes, reconocimiento de la diferencia, Estado laico que se rige por políticas públicas discutidas, no para buscar unanimidad pero sí en un marco de respeto y de dialéctica que permita un progreso sostenido.

-¿Qué destaca del primer año del gobierno de Iván Duque?

-Hay que reconocerle un lenguaje un poco más moderado que el de esos sectores radicales de su partido. Algunos críticos sostienen que es simplemente maquillaje lingüístico pero que muchas de sus decisiones, en el fondo, son armónicas con esas ideas de los sectores más duros. Pero en una situación de fanatismo como la que estamos viviendo, Duque hace un favor a Colombia moderando el lenguaje. En segundo lugar, con la reincorporación de los guerrilleros rasos el Gobierno ha dado muestras por fin de estar interesado en cumplir. Hay dificultades de carácter financiero, pero el presidente y su consejero para este tema (el Posconflicto en Colombia), Emilio Archila, han sido reiterativos en fijar metas para la reincorporación. En tercer lugar, hubo una firma, de todas las fuerzas políticas, por un pacto para erradicar la violencia en el ejercicio de la política suscrito en la Casa de Nariño, con presencia del propio presidente, lo que permitió un saludo entre él y Rodrigo Londoño, dirigente máximo del partido FARC. Puede ser calificado esto también de simbólico, pero esos simbolismos van aclimatando un aire de respeto importante para todos.