
El abogado Juan Ricardo Ruiz Rey, en representación de residentes en el bloque de el barrio de El Calvario, de Torremolinos, que se han visto afectados por una decisión judicial que puede dejarlos en la calle, a consecuencia de la declaración de nulidad de los contratos de alquiler suscritos con unas explotadoras de viviendas, ha presentado un escrito en los juzgados de la ciudad costasoleña en el que reclama la paralización del traspaso de dos de los inmuebles. Este paso va en consonancia de las peticiones, en la misma línea, que ya había planteado el Ayuntamiento.
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Son pisos que pasaron a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a consecuencia de las deudas contraídas con la promotora que levantó el edificio con la entidad que le concedió el préstamo. Es decir, debido a la quiebra de la primera y de la posterior caída también de la financiera, los activos están en manos de la Sareb.
Después, dentro del procedimiento judicial abierto por los acreedores, estos bienes pasaron a ser subastados. Es ahí donde se ven perjudicados las personas que tienen su residencia en estos pisos, puesto que el instructor de la causa entiende, conforme recoge en una resolución, que, a sabiendas de sus dificultades económicas, la promotora puso a disposición de otras mercantiles estas viviendas para que, a su vez, los subarrendara. Al no reconocer el juzgado esta primera operación, tampoco entiende como válida la posterior y, por lo tanto, hay que proceder a los lanzamientos de los ocupantes.
Ante esta maraña legal, los vecinos y vecinas que son víctimas, 120 personas, se han movilizado, incluso con una manifestación, como la celebrada el pasado 3 de abril, y han acudido tanto al asesoramiento de abogados como al Gobierno municipal, al que han pedido que medie. Es más, el asunto ha llegado al Congreso de los Diputados.
En este contexto, la Administración local y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, titular de 29 de los pisos sobre los que pesa la orden desahucio, llegaron al compromiso de revertir la cesión a un tercero de estos, que en principio tiene que materializarse este 22 de abril, después de haberse celebrado una puja para su venta.
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Para ello, la Sareb remitió un escrito al instructor del procedimiento para volver a ser la titular de estos bienes, como paso previo a que el Ayuntamiento facilitara informes de vulnerabilidad de los inquilinos, para que, a su vez, la Sareb luego pueda brindarles un alquiler. No obstante, desde el equipo de Gobierno se constató que hay otras dos inmuebles que eran de la Sareb, pero que sí han sido traspasados, para los que reclamó la misma solución que para los otros 29, sin éxito, como confirman fuentes municipales.
En este escenario, el representante legal de las familias que allí tienen su casa, en situación de vulnerabilidad, con el informe de los Servicios Sociales municipales que constata que los residentes tienen este perfil, ha acudido a los juzgados para revertir este paso y evitar que los inmuebles cambien de titular. Argumenta que, si, finalmente, la Sareb entrega estos bienes, puede, conforme el documento entregado en los juzgados al que ha tenido acceso SUR, «llevar a término una actuación contraria a sus propios intereses manifestados en esta causa, así como los fines que dicha entidad tiene publicados en su misma web, los cuales desde el 2022 son el mandato desinversor con la incorporación del principio de sostenibilidad y utilidad social en la gestión de sus activos».
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En el entorno de los afectados, se lamenta que la Sareb no ha dado respuesta a la solicitud del Ayuntamiento y varios vecinos sobre la suspensión de la cesión del remate (venta) a unos terceros en relación a estas dos viviendas, sin que haya una razón para ello.
Este periódico trató, sin éxito, de conocer la versión de la Sareb al respecto de esta última petición.
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