Alertan de un repunte de los vertidos incontrolados tras la clausura de los vertederos de Nerja

La clausura de los dos grandes vertederos ilegales que se han mantenido en Nerja durante más de una década está provocando un repunte de los vertidos incontrolados de escombros y restos de podas en los últimos meses en distintos solares, tanto públicos como privados, y en los cauces de los ríos. Ésta es la denuncia que hacen vecinos del municipio más oriental de la provincia y colectivos ecologistas como GENA-Ecologistas en Acción, que alertan de la «preocupante» situación que se está generando a raíz de la clausura, el pasado mes de septiembre, del enorme vertedero ilegal situado en una antigua cantera de áridos ubicada en el cauce bajo del río de la Miel, por orden del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y de la Junta de Andalucía, y posteriormente, el pasado mes de marzo, del vertedero del Barranco Viejo-Loma de las Vacas.

El primero de estos enclaves está en el punto de mira del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox, que desde comienzos de este año instruye las diligencias de la bautizado como 'Operación Rubbish' (basura en inglés), en la que se investigan cinco presuntos delitos: contra el medio ambiente y los recursos naturales, falsedad documental, estafa, pertenencia a grupo criminal, prevaricación medioambiental omisiva y prevaricación administrativa.

Por el momento, hay 37 personas investigadas, de las que 12 fueron detenidas, entre las que están 26 empresarios del sector de la construcción y 11 cargos públicos, entre ellos la alcaldesa nerjeña, Rosa Arrabal (PSOE); su antecesor entre 1995 y 2015, el diputado provincial de Empleo, Nuevas Tecnologías y Recursos Europeos, José Alberto Armijo; los ediles de Infraestructura, José María Rivas (PSOE), y Medio Ambiente, Jorge Bravo, y cinco concejales y exconcejales del PP. Además, han sido citados a declarar el delegado provincial de Medio Ambiente, Adolfo Moreno, y una exsecretaria provincial de la misma Consejería, con iniciales C.M.C.

Por el momento, el juez ha ordenado el embargo de 191 propiedades, pertenecientes a empresarios del sector de la construcción, valoradas en unos cinco millones de euros, «para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir los responsables», según recoge el auto al que tuvo acceso SUR. La recuperación del entorno del vertedero, que funcionó desde junio de 1998 hasta septiembre de 2016, tiene un coste estimado de 10,7 millones de euros y el fraude cometido alcanzaría los 2,5 millones de euros. En el entorno hay 800.000 metros cúbicos de todo tipo de residuos.

En el caso del de Barranco Viejo-Loma de las Vacas hay 9.900 metros cúbicos de residuos. El gobierno tripartito (PSOE, IU y EVA-Podemos) llevó este caso a la Fiscalía de Medio Ambiente el pasado mes de mayo. La alcaldesa mostró ayer su «preocupación» por los vertidos de escombros en varios puntos del municipio y pidió al Seprona que refuerce la vigilancia, «como está haciendo el Ayuntamiento con la Policía Local», dijo.

Arrabal recordó que el pasado mes de abril se aprobó por unanimidad en el pleno la primera ordenanza municipal sobre la gestión de los residuos de obras y escombros, una normativa que contempla el cobro de una tasa de entre un 2 y un 3% del coste de la actuación, con un mínimo de 25 euros, como aval para asegurar un adecuado tratamiento de los residuos. Varios empresarios han pedido al Ayuntamiento autorización para habilitar una planta de transferencia de estos residuos en el polígono industrial, con el objetivo de que se puedan almacenar temporalmente antes de ser trasladados a un gestor autorizado. En la Axarquía el más próximo está en Canillas de Aceituno.