Cinco preguntas (y sus respuestas) sobre la futura ley del suelo de Andalucía

Héctor Barbotta

Sevilla

Domingo, 14 de noviembre 2021, 00:13

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La Ley de Impulso y Sostenibilidad del Suelo de Andalucía (LISTA) está cerca de ser aprobada. La norma que reclama con insistencia el sector de la promoción inmobiliaria, los propietarios de viviendas irregulares y buena parte de los ayuntamientos de todo signo y que el Gobierno andaluz considera un marco regulatorio esencial para reactivar la economía y convertir a Andalucía en un imán para la inversión inmobiliaria, ya ha superado su penúltimo paso parlamentario. Después de que la comisión de Fomento aprobara el dictamen con el voto a favor del PP, Ciudadanos y Vox y la abstención del PSOE –sólo se opuso Unidas Podemos- queda el debate final en pleno para su aprobación y entrada en vigor. La Ley será incluida probablemente en el próximo pleno del Parlamento, del 24 y 25 de noviembre, en el que también se debatirán los Presupuestos de la Junta para 2022.

Se ha concluido de esa manera una tramitación plagada de obstáculos que tuvo su momento más difícil el 26 de mayo, cuando la abstención de Vox y el voto a favor del PSOE hicieron que prosperara una enmienda a la totalidad de Unidas Podemos contra el proyecto. En aquel momento, Vox había iniciado su política de denuncia de supuestos incumplimientos del Gobierno a acuerdos anteriores y su grupo parlamentario vio en el inicio de la tramitación de la LISTA la posibilidad de dar su primer aviso. Los socialistas, por su parte, encontraron la oportunidad de infligir al PP y Ciudadanos su primera derrota parlamentaria de relieve. Tras ese contratiempo, el Consejo de Gobierno insistió con el mismo texto, que cuando volvió al Parlamento pudo iniciar su tramitación al cambiar de postura tanto el PSOE, donde ya se había producido el relevo de Juan Espadas por Susana Díaz, como Vox,.

Se inició entonces un largo periodo de negociaciones en el que participaron todas las fuerzas y que se tradujo en reuniones maratonianas (presenciales, virtuales y telefónicas), varios centenares de enmiendas (más de 700) y un dictamen final que abre el paso a un debate en el que se espera conseguir la aprobación para que la ley pueda entrar en vigor antes de fin de año.

El contenido de los instrumentos de planeamiento general se simplifica con una tramitación más sencilla, lo que permite, según los impulsores de la norma, reducir a la mitad el tiempo necesario para su tramitación. Los informes y autorizaciones sectoriales tendrán un contenido más reducido y de menos complejidad y no entrarán a valorar aquellas actuaciones que finalmente nunca se desarrollan. Los sistemas generales e infraestructuras necesarios se adscribirán a ámbitos que realmente se desarrollen. Se da un nuevo tratamiento al régimen del silencio administrativo de manera que el retraso o inactividad de la Administración no paralice su tramitación. Se aspira a que estas medidas, el desdoblamiento de los PGOU en dos independientes y la simplificación de su contenido, ayudarán a evitar la impugnación del planeamiento en su integridad. No obstante, se incorporan a la ley como refuerzo el principio de conservación de los planes de desarrollo no afectados por los vicios y la conservación de los actos y trámites que sean posibles. Se incorporan también nuevos mecanismos para la colaboración de colegios profesionales y entidades certificadoras en la actividad urbanística, lo que también se espera que permita reducir los plazos de tramitación.

La LISTA incide en dos cuestiones. Una es la agilización y simplificación de los trámites urbanísticos, especialmente en la tramitación de los planes urbanísticos, con la que se pretende acabar con unos procedimientos que tienen paralizado el desarrollo de numerosos pueblos y ciudades andaluzas. Hay centenares de municipios que están pendientes de la aprobación de sus planes, con lo que ello supone en el bloqueo de inversiones. Además, numerosos ayuntamientos de la comunidad han visto tumbadas en los tribunales en los últimos años sus planificaciones urbanísticas. El último ha sido Torremolinos la semana pasada. Asimismo, la tramitación de los planes generales se demora actualmente en torno a una década y con los cambios que propone la norma se espera que ese plazo se acorte significativamente. En este apartado las discrepancias eran mínimas, salvo en el caso de Unidas Podemos (UP), y fueron solventadas durante la tramitación en comisión parlamentaria por la mayoría de los grupos. UP considera que la nueva norma no articula soluciones reales para la agilización de los trámites al no prever más recursos ni establecer las consecuencias que acarrearía no cumplir los plazos

La segunda cuestión en la que la nueva ley propone cambios de calado es en la nueva calificación del suelo. Es ahí donde persisten las discrepancias tanto de Unidas Podemos como del PSOE. Frente al actual modelo basado en tres clases de suelo -urbano, urbanizable y no urbanizable- la ley establece uno en el que sólo existen dos calificaciones posibles, el urbano y rústico. En suelo urbano se elimina las categorías de suelo urbano consolidado y no consolidado, de manera que el régimen de derechos y deberes, en línea con la legislación básica del Estado, irá en función de las necesidades de actuación sobre la ciudad consolidada con los límites fijados por la jurisprudencia. En el suelo rústico, la prohibición absoluta de construcción solamente afectará al suelo considerado protegido. En el resto, el texto reconoce que tiene capacidad para acoger, además de los usos agropecuarios, otros usos vinculados a la explotación de los recursos naturales o que contribuyan al desarrollo del medio rural. Se simplifican los trámites para las autorizaciones en esta clase de suelo.

En Andalucía existen 300.000 viviendas irregulares, según los datos de la propia Junta. Con el fin de dar una solución a la proliferación de estos inmuebles en suelo rústico, se permiten las viviendas vinculadas a los usos ordinarios, a los usos extraordinarios y las viviendas aisladas no vinculadas. En la Consejería de Fomento se explica que lo que hace la nueva ley es asumir la realidad existente. El criterio es que las normas hasta ahora en vigor, que sólo permiten la vivienda unifamiliar aislada vinculada a las actividades agropecuarias, no han conseguido evitar las construcciones fuera de ordenación en el medio rural. Según esta hipótesis, en la que se fundamenta el cambio propuesto en la LISTA, el resultado de la regulación que contiene la vigente LOUA no ha sido satisfactorio y ha dejado en evidencia la enorme distancia que hay entre la regulación legal y la realidad. La nueva ley aborda el problema de las viviendas irregulares desde tres ámbitos, el refuerzo de la disciplina territorial y urbanística, la integración ambiental y territorial de las edificaciones irregulares prescritas y la regulación de suelo rústico.

Pese a que el dictamen salió adelante, la aprobación de la norma no está aún garantizada. Vox, que dio su voto a favor del dictamen, ha mantenido vivas una decena de enmiendas que fueron rechazadas en comisión y que llevará al pleno. La mayoría se refieren a la situación de las viviendas irregulares, fuera de ordenación, que permanecen según su punto de vista en un limbo jurídico y para las que reclama medidas que les permitan avanzar más claramente en la regularización, entre ellas que se les permita obtener permisos para realizar obras de consolidación en caso de ser necesario. En esa formación confían en alcanzar un acuerdo para que la norma salga adelante.

En el PSOE el debate sobre la LISTA se ha planteado desde tres puntos de vista: la agilización de las tramitaciones, la sostenibilidad y la defensa de las competencias municipales. En el primer apartado, a diferencia de Unidas Podemos, no mantiene discrepancias. Los socialistas reivindican que las medidas de agilización y simplificación ya estaban previstas en la ley del suelo que se impulsó desde el último gobierno del PSOE y que no pudo concluir su tramitación al adelantarse las elecciones. En los otros dos apartados, los socialistas sí mantienen discrepancias. Las mayores diferencias aparecen en la posibilidad de construcción en suelo rústico, que los socialistas reclaman que sólo sea posible cuando esté ligada a la actividad económica. En total, el PSOE ha presentado 50 enmiendas y se han aceptado o transaccionado 26 Las enmiendas que el PSOE ha mantenido vivas para el debate final se refieren principalmente a este asunto.

Conocido ya que Unidas Podemos ha adelantado el voto en contra y que los 11 diputados no adscritos vinculados a Adelante Andalucía se pronunciarán en el mismo sentido, las incógnitas residen en saber que harán los dos grupos de los que depende la aprobación, Vox y el PSOE. Si los primeros suman sus votos al PP y Ciudadanos, tal y como lo hicieron en la comisión, la ley saldrá adelante. Si no lo hacen, sería necesario que los socialistas repitieran la abstención con la que ya se pronunciaron en la comisión.