La Junta de Andalucía considera que el decreto para el reparto de menores migrantes vulnera el Estatuto de Autonomía

La portavoz de la Junta, Carolina España, lamentó que el Gobierno pretenda enviar menores a Andalucía sin aportar los recursos necesarios para atenderlos cuando ya se vive una situación cercana al colapso después de que durante el año pasado llegaran 2.615 menores. De ellos, 634 lo hicieron bajo la apariencia de adultos y por lo tanto sin la financiación necesaria para los servicios que la Junta de Andalucía está obligada a prestarles para su protección, alojamiento, manutención y formación.

España adelantó que el Gobierno andaluz se seguirá haciendo cargo de estas personas en cumplimiento de su deber y de sus competencias, pero advirtió de que son necesarios recursos «para poder atenderlos como se merecen».

El acuerdo adoptado este miércoles en el Consejo de Gobierno recuerda que el Estatuto de Autonomía de Andalucía establece que la competencia exclusiva en materia de protección de menores corresponde a la comunidad, incluidas las políticas de integración y participación social, económica y cultural de los inmigrantes.

Así, considera que el decreto aprobado por el Gobierno incide de manera directa en la libertad de circulación de los menores extranjeros, se excede en los títulos competenciales invocados y afecta a las competencias autonómicas en materia de protección de menores, la solidaridad y la suficiencia financiera de Andalucía.

Desde la oposición han criticado la iniciativa del Gobierno andaluz y acusaron a Juanma Moreno de poner la Junta al servicio de su partido.

La portavoz socialista en el Parlamento, María Márquez, acusó a la Junta de utilizar la confrontación como sistema y consideró indecente que se presente un recurso contra el decreto del Gobierno.

Según Márquez, el Ejecutivo central ha transferido fondos por 50 millones de euros para financiar la acogida a menores migrantes y la Junta sólo ha gastado 14 millones, por lo que no puede aducirse falta de recursos para no hacerse cargo de los menores.

Según la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, la Junta «se pega un tiro en el pie» a presentar el recurso, ya que el decreto establece un sistema de reparto a su juicio equilibrado entre todas las comunidades que llegado el caso podría beneficiar también a Andalucía si se produjera una entrada masiva de menores en este territorio. Además, aludió a lo que en su opinión es una utilización política de una situación que afecta a menores de edad. «Debería darles vergüenza», sentenció.

También José Ignacio García, de Adelante Andalucía, aseguró sentir vergüenza por el recurso. «Son niños y niñas sin sus familias a los que se trata como mercancías defectuosas», dijo el portavoz, que aseguró que «a la derecha sólo le valen los inmigrantes cuando crecen y les sirven para explotarlos en los invernaderos».

Para Rodrigo Alonso, de Vox, «el mejor recurso es acabar con el efecto llamada».