El Gobierno inicia la expropiación del hotel ilegal de El Algarrobico para su demolición

La expropiación que acaba de arrancar afecta a 16.432 metros cuadrados de los 32.654 metros cuadrados que ocupa el hotel construido sin ser culminado por la promotora Azata del Sol en un paraje protegido. Esta parte que va a expropiar el Gobierno se corresponde con los terrenos que invaden el dominio público marítimo-terrestre, motivo por el que se ha iniciado este proceso en esta parte de la edificación.

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General de la Costa y el Mar, por el que se declara de utilidad pública estos terrenos y da respaldo legal a la expropiación y posterior demolición.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, pidió ayer a la Junta que «se deje ya de una vez por todas de ambigüedades y actúe con contundencia y con absoluta lealtad para que se pueda demoler la totalidad del hotel que se asienta en unos terrenos no urbanizables y que son propiedad actualmente de la promotora Azata del Sol.

Pedro Fernández reclamó al Gobierno andaluz que afronte con «seriedad absoluta» este asunto y actúe mediante «hechos», para lo que ve preciso que inicie también los trámites necesarios para la expropiación del hotel y los terrenos que este ocupa en el ámbito del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, de competencia autonómica, para así poder efectuar la demolición «en su totalidad».

A su juicio, «se trata de una aberración urbanística y un paradigma de las salvajadas urbanísticas que vulneran absolutamente el medio ambiente e impactan en el entorno».

La proximidad de la edificación a la playa hace que la mitad de los suelos correspondan a zona de servidumbre pública y de ahí la iniciativa del Gobierno de actuar por la vía de la expropiación, mientras que la Junta aguarda a que el final del hotel y su demolición se consiga con el respaldo de la Justicia y cumpliendo sus sentencias.

El hotel, cuyas obras llevan paralizadas más de 18 años, está inmerso en un laberinto judicial al que no se le ve una salida inmediata pese a las sentencias que confirman que se levanta en suelo no urbanizable, anulan el PGOU del municipio y la licencia de obra concedida en su momento por el Ayuntamiento, que está ahora obligado a revisarla y anularla.

Mientras tanto, las administraciones autonómica y local, hasta el momento, no han sido capaces de restituir la legalidad urbanística y medioambiental a este paraje.