Borrar
La exabogada del área de Urbanismo de Marbella, Raquel Escobar.:: Álvaro Cabrera
'CASO MALAYA'

La larga mano de Roca

Una excolaboradora afirma que el principal acusado de 'Malaya' daba órdenes en muchas áreas del AyuntamientoLa testigo revela que tanto el interventor, como el secretario municipal acudían a su despacho cuando él los requería

MONTSE MARTÍN montsemartin@diariosur.es

Miércoles, 12 de enero 2011, 14:43

Comienza en solo unos minutos una nueva jornada del juicio del 'caso Malaya', cuyas incidencias más destacadas pueden seguir a través de SUR.es. Rossel Aparicio, desde la Ciudad de la Justicia de Málaga, desgranará a través de Twitter, las declaraciones de la sesión de hoy, que analizará también desde la sala de vistas Montse Martín. La alargada sombra de Juan Antonio Roca en el Ayuntamiento de Marbella se plasmó ayer en el juicio de 'Malaya'. La descripción corrió a cargo de la que fuera abogada del área de Urbanismo Raquel Escobar, quien declaró que su jefe -como calificó el pasado lunes a Roca- tenía poder más allá de las cuestiones urbanísticas. Su larga mano manejaba también los hilos en otras áreas municipales.

«Tenía autoridad suficiente para impartir órdenes en muchas áreas del Ayuntamiento», contestó Escobar a las insistentes preguntas de Rocío Amigo, la defensora del presunto cerebro.

Amigo pinchó en hueso a la hora de interrogar a Escobar. La letrada intentaba buscarle alguna contradicción al preguntarle sobre el contenido de sus manifestaciones ante el juez Torres en 2006 (ante el que declaró, al igual que la abogada de Planeamientos 2000 María Castañón, en calidad de testigo y no como imputada como por error publicó ayer este periódico), pero Escobar no solo se reafirmó en aquella declaración sino que aun fue más explícita: «También daba instrucciones ajenas al urbanismo, porque tenía autoridad para hacerlo en muchas áreas del Ayuntamiento».

Así, reveló que mantenía «una relación fluida» con el interventor, con el secretario, con el concejal de Economía, con el tesorero, que, incluso, «acudían a su despacho cuando eran requeridos por Roca para debatir algún asunto». La testigo añadió que, «él opinaba y decidía, supongo que porque estaba habilitado por el alcalde».

Escobar, que compareció ante el tribunal de 'Malaya' en relación a la operación 'Crucero Banús', un pelotazo inmobiliario que reportó seis millones de euros de plusvalías en menos de un año a sus beneficiarios (entre ellos al propio Roca y al ex teniente de alcalde Pedro Román), insistió en que Roca ejercía de gerente en el departamento de Urbanismo, y que «lo que dijera Roca estaba autorizado plenamente por el alcalde», en alusión a Jesús Gil. Añadió que cuando le daban instrucciones «algunas de ellas» venían del Gil, aunque «en bastantes ocasiones» se las daba el propio Roca, «siguiendo órdenes de la Alcaldía». En este sentido, añadió que recibió algunas de esas instrucciones de urgencia «por el interés» para otorgar la licencia de obra, aunque no le comentaban las razones.

Raquel Escobar declaró también que cuando ella fue contratada en 1999 no se elaboraban informes jurídicos sobre las licencias por orden de Jesús Gil. Estas permisos, en cambio, sí contaban con informes técnicos y con un informe jurídico de carácter general elaborado por el entonces abogado de confianza del alcalde, José Luis Sierra.

Las 'pre-reuniones'

La antigua letrada de Urbanismo explicó que ella participaba en las reuniones previas a la comisión de gobierno o 'pre-reuniones', que tenían lugar en el despacho de Juan Antonio Roca en la sede de Planeamientos 2000 con los concejales. «En ellas se acordaban el orden del día; qué asuntos iban a la comisión y también los que no y se retiraban».

Sobre el convenio 'Crucero Banús', la testigo dijo que fue requerida por Roca para incluir la licencia en la comisión de gobierno para lo que, a través de una nota interna, se le pidió la emisión del informe técnico correspondiente con la «máxima celeridad». En ese sentido Escobar aseguró su «desconocimiento» sobre el convenio y de cómo se tramitó, ya que, por sus funciones, «todo ese trámite me resultaba irrelevante».

En la sesión de ayer declararon como peritos dos funcionarios de la Agencia Tributaria. Los expertos manifestaron que los seis millones de euros obtenidos de la operación 'Crucero Banús' «no fueron declarados a Hacienda» por sus beneficiarios, a excepción hecha de una declaración suplementaria del acusado Florencio San Agapito. Los inspectores declararon que la sociedad suiza Lispag, con la que se realizó la operación, es «una sociedad meramente instrumental al servicio de la ocultación (de fondos)».

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

diariosur La larga mano de Roca

La larga mano de Roca