Otro pulso del alcalde y el tesorero

La batalla entre el tesorero municipal, Félix Domínguez, y el alcalde de Estepona, David Valadez, suma un nuevo capítulo. En esta ocasión, a cuenta de la jubilación del habilitado nacional. El regidor no está dispuesto a dejar que el funcionario permanezca en el Ayuntamiento tras cumplir la semana pasada 65 años. «Sucede lo mismo con otros trabajadores», se defiende Valadez, que asegura que no ha estimado la petición de la prórroga de jubilación.

El habilitado nacional anunció la semana pasada que ayer se incorporaría a su puesto de trabajo. Domínguez considera que el Ayuntamiento ha incumplido el plazo de 15 días hábiles establecido en la legislación para la notificación de la denegación de la prórroga, ya que ésta se efectuó mediante decreto de Alcaldía de pasado 22 de diciembre. Así, el funcionario considera que se ha producido una resolución por silencio administrativo. «Si se ha hecho fuera de plazo habrá que ir a un contencioso administrativo y el Ayuntamiento acatará la sentencia», anunció el primer edil.

El tesorero ya ganó una primera batalla a Valadez en los tribunales. En este caso, fue por las vacaciones forzosas que el regidor le dio al funcionario desde el día 2 de diciembre hasta el 7 de enero, ante su «inminente» jubilación. Domínguez rechazó tomarse los días de descanso que le quedan pendientes de disfrutar al entender que desde el Consistorio estaban tratando de apartarle de su puesto de trabajo.

Un auto judicial, emitido el 21 de diciembre, acordaba dejar sin efecto las órdenes dadas por el regidor mediante un decreto y obligaba a la reincorporación de este funcionario a su puesto de trabajo. Hasta esa fecha, Valadez impidió la entrada del tesorero en su despacho.

No es la primera diferencia que se pone de manifiesto entre ambos. El decreto del alcalde obligando al funcionario a coger vacaciones forzosas coincidió con un enfrentamiento entre el habilitado nacional y el alcalde a cuenta del pago de los salarios a la plantilla, que se estaban tramitando cuando se produjeron los hechos. Así, antes de la firma de ese decreto, el tesorero municipal denunció ante la Fiscalía y ante la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía las presuntas irregularidades cometidas por el regidor al pagar las nóminas de los trabajadores de las empresas municipales (correspondientes al mes de octubre) con dinero procedente de los fondos del convenio urbanístico firmado con la Casa Real saudí.