El Defensor del Menor denuncia que los institutos no logran integrar a niños de educación especial

Hace tres semanas, unos padres malagueños denunciaban que su hijo, que tiene diagnosticado un Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), hiperactividad y falta de atención y un retraso mental leve, había sido expulsado por el instituto en el que estudiaba. La dirección justificaba esta medida en su mal comportamiento, mientras que los progenitores señalaban que sus actos disruptivos eran consecuencia de su discapacidad y temían que el instituto intentara expulsarlo definitivamente para llevarlo a un centro específico para alumnos con discapacidad.

Casos como este, son una realidad bien conocida por los padres, institutos y centros específicos de Educación Especial, pero hasta ahora nadie se había atrevido a denunciarlo. Un informe del Defensor del Menor en Andalucía revela que los centros específicos reciben cada vez a más adolescentes con trastornos graves de conducta derivados desde los centros de Secundaria. En muchas ocasiones, ese comportamiento se debe a alguna discapacidad mental.

La derivación, especifica el estudio, no está en el hecho de que el alumno precise este recurso, sino a «la incapacidad del centro ordinario, mayoritariamente de los institutos de enseñanza secundaria, para hacer frente a estas situaciones». Una tendencia en aumento que rompe con el espíritu de la LOGSE desde donde se promueve la inclusión del alumnado con alguna discapacidad en el aula ordinaria siempre que sea posible. Esa integración puede ser completa, alternarse con horas de clases de apoyo o en aulas específicas en el centro ordinario. «Sabemos que hay centros específicos que tienen lista de espera debido a la carga de trabajo que les llega de los institutos», explica José Chamizo, Defensor del Pueblo y del Menor en Andalucía.

Formación del profesorado

La educación obligatoria hasta los 16 años también ha añadido nuevos matices a la escolarización de estos menores. Si antes estos alumnos permanecían en los colegios, ahora dan el salto al instituto. Y ahí es donde viene otra crítica del informe de Defensor del Menor que apunta al «fracaso de las políticas de integración e inclusión del alumnado en las enseñanzas secundarias», la mayoría de las ocasiones, debido a los «escasos medios de los que disponen para hacer frente a los innumerables retos que estas situaciones plantean en la vida diaria escolar».

«La Secundaria es la asignatura pendiente en la integración de este alumnado», dice Chamizo.

«Para nosotros supone un paso atrás; en sus primeros años reciben una atención muy buena y va empeorando con los años de escolarización», indica Francisco Arjona, de la Plataforma de Padres con TGD y TEA.

Estas dificultades provocan, según el informe, que los centros de Secundaria aborden el problema «exclusivamente aplicando el régimen disciplinario al alumno». El Defensor del Menor apunta a otro problema: «La falta de formación específica del profesorado de la ESO para la atención de estos escolares». Algo en lo que coinciden los padres de la plataforma TGD y TEA, que piden mayor concienciación en los docentes para reciclarse.

Antonio Martín, coordinador del equipo especializado en trastornos de conducta, especialista en trastornos graves de conducta y vocal de la Asociación de Orientadores (Aosma) explica que la derivación al centro específico es siempre la última de las opciones que se toma y que viene avalada por la valoración del orientador, un informe del equipo de trastornos graves de conducta y un informe de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMI).

Desde la Delegación de Educación niegan que estén tomando estas medidas con carácter general y que los centros de Secundaria tienen recursos suficientes para atender los casos que les corresponden.