Un juez impulsa el derribo de 25 casas ilegales en zonas inundables del Guadalhorce

El caso, que surge en pleno debate sobre la amnistía urbanística a la que aspiran cerca de 50.000 viviendas en toda la provincia, viene a poner de manifiesto la dificultad que tendrán muchos propietarios de construcciones en suelo rústico para acogerse al decreto de regularización que prepara la Junta de Andalucía.

Los últimos llamamientos en este sentido por parte de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y la movilización ciudadana impulsada por la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI) no han hecho detenerse a la maquinaria judicial, que sigue avanzando con paso lento pero firme en aquellos casos sobre los que ya pesa una sentencia. «Se ha recibido escrito del Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga en el que se reitera la exigencia al Ayuntamiento de la demolición de esta construcción, y, en el caso de no realizarla en el plazo de un mes, se podrá considerar delito de desobediencia», apuntó el concejal de Urbanismo de Cártama, Jorge Gallardo. En el Consistorio se temen ahora que a este requerimiento puedan seguir otros similares por viviendas situadas en la misma zona, la de la Dehesa Baja, ya que, según explicó el propio Gallardo, esta casa es una de las 25 que se vieron afectadas por una sentencia de 2008 a raíz de las diligencias abiertas por la Fiscalía en 2005 por supuestos delitos contra la ordenación del territorio.

Aviso al Consistorio

«El juzgado lleva tiempo solicitándonos informes sobre el estado de algunas de estas viviendas y sobre si se han ejecutado o no los derribos», subrayó el edil de Urbanismo, quien agregó que en el último oficio por primera vez se apercibe al Ayuntamiento de que incurriría en un delito de desobediencia a la autoridad si no procede a la ejecución subsidiaria de la demolición.

No es la primera vez que un juez obliga a derribar una casa en el campo en Cártama, municipio donde se contabilizan entre 3.000 y 3.500 expedientes abiertos por construcciones irregulares en suelo no urbanizable. El último caso tuvo lugar hace ahora dos años, cuando el Consistorio recibió un requerimiento para demoler un inmueble en la Dehesa Alta, no muy lejos de la zona afectada por esta última orden judicial. En aquella ocasión, finalmente fueron los propietarios los que procedieron a la demolición simplemente por razones económicas (cuando los ayuntamientos se encargan de los trabajos, luego pasan la factura a los dueños).

Después de la Axarquía, el Valle del Guadalhorce es una de las comarcas con más edificaciones irregulares en Málaga. Aunque no existen un censo exacto, se habla de hasta unas 15.000 entre todos los municipios, siendo Cártama el que presenta más casos, muchos de ellos en terrenos inundables, como sucede en la Dehesa Baja. Uno de los residentes en esa zona indicó ayer a este periódico que se encuentran «completamente desmoralizados» por la situación, ya que llevan años luchando y pagando sus impuestos al Ayuntamiento.

El concejal de Urbanismo señaló que habían mantenido varias reuniones con los afectados pero que el gobierno municipal no podía hacer nada porque se trata de viviendas sobre las que pesa una sentencia firme de demolición.