Piden cárcel para cinco acusados por irregularidades en obras del puerto

La investigación por las supuestas irregularidades detectadas en certificaciones y valoraciones de obras ejecutadas en el atraque sur de cruceros y el muelle de contenedores del puerto de Málaga se da ya por concluidas. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juzgado que lleva el caso (el de Instrucción número 5) la apertura de juicio oral contra los cinco procesados en relación a estas presuntas irregularidades, para los que pide entre dos y once años de cárcel, al considerar que, con distintas responsabilidades, se concertaron para «justificar y encajar» en el presupuesto los supuestos sobrecostes, recogiendo obras «innecesarias» que serían «certificadas sin haber sido ejecutadas» o un volumen «superior al real». El perjuicio económico para las arcas del Puerto ascendería, según la investigación, a 941.294,75 euros.

Entre los acusados hay dos responsables de la constructora Sando (tres años de prisión por falsedad y malversación), uno de Dragados (dos años por falsedad) y los dos ingenieros de la Autoridad Portuaria a quienes se les confió la dirección y control de los trabajos. Para uno de ellos se piden seis años por un delito continuado de falsedad y malversación, mientras que para el entonces ingeniero jefe el Ministerio Público solicita once años al añadirle los delitos de fraude y falsedad. El fiscal sostiene que el principal procesado se «comprometió a manipular las futuras relaciones valoradas y certificaciones para aumentar subrepticiamente el valor de la obras», contando, dice, con «el respaldo y ayuda» del otro empleado «como controlador directo de las obras y de las mediciones». No ha quedado acreditado que pidieran o recibieran dinero a cambio.

Además, Anticorrupción también pide que se declara a Sando como responsable civil subsidiaria en el caso de que los acusados no pudieran hacer frente a la indemnización solicitada (941.294,75 euros más los intereses legales desde 2007).

Desde la defensa de los acusados de Sando y de la propia empresa afirman que «todas las obras se realizaron», incluyendo las no contempladas inicialmente en los proyectos. Además, insisten en que «no se malversó un céntimo» e, incluso, aseguran que hay un crédito que no se reclamará porque se hizo una transacción «renunciando» a una cantidad que a su juicio aún se debía a la contratista.

La investigación tiene su origen en 2010, cuando la Autoridad Portuaria detectó presuntas irregularidades en la gestión de la construcción del atracadero sur de cruceros, a raíz de la colisión de un buque contra este dique en 2008. La inspección submarina posterior dejó al descubierto que la cimentación ejecutada no se correspondía con la contratada en 2004 y pagada a Sando bajo la supervisión del jefe de Infraestructuras, por lo que fue despedido en 2011. En concreto, la acusación pública afirma que «se modificaron arbitrariamente las mediciones»: de los 1.998 metros lineales de 54 pilotes se certificaron 2.432,7; que en otro punto se levantaron 28 de los 33 pilotes previstos, que «se simuló» la colocación en el talud de escolleras y que se aumentó la superficie asfaltada.

El exempleado recurrió judicialmente su despido, pero sin éxito. Además, durante el juicio se reafirmó en alegando que de esta forma se compensaba el exceso de coste de los trabajos desarrollados por esta misma constructora en otras zonas del puerto. Lejos de quedar ahí, el Juzgado de lo Social número 2 de Málaga derivó el asunto a la Fiscalía, que abrió una investigación que se saldó con la detención en 2012 del exingeniero jefe

El otro proyecto bajo sospecha es la mejora del calado del muelle 9 (el de contenedores) acometida por Dragados y Sando, consistente en retirar los materiales acumulados en el fondo marino. A su término, un sondeo permitió comprobar que no se había conseguido una uniformidad en el calado de la dársena.