La Junta castiga al Ayuntamiento por no iniciar un barrio de VPO

El condicionante incumplido consiste en que el Ayuntamiento debería haber empezado las obras de algunas de las mil VPO previstas en este ámbito en el plazo de un año desde la culminación de la urbanización, plazo que la consejería entiende que expiró en 2014. Sin embargo, no lo ha hecho y a la Junta no le sirven los argumentos aportados desde el IMV, desde donde se esgrime que los trabajos de urbanización fueron finalizados en plazo y que, si la construcción de este nuevo barrio de viviendas protegidas no ha comenzado, es porque el Gobierno andaluz no ha activado aún un plan andaluz de vivienda que canalice las ayudas del Gobierno central para este tipo de promociones. Según el IMV, entre 2013 y 2016, estas ayudas han sido expresamente suprimidas, salvo que se tomara una decisión expresa para otorgarlas, lo que ha solicitado el Ayuntamiento de la capital en varias ocasiones, sin obtener respuesta hasta ahora. Las ayudas que emanarán del nuevo plan de vivienda andaluz permitirán establecer alquileres para los adjudicatarios de los futuros pisos a un precio más reducido que en el supuesto de no contar con ellas. El IMV cuenta con financiación comprometida para iniciar en esta zona tres promociones que suman 216 VPO, pero no las ha empezado a la espera del plan regional de ayudas 2016-2020.

Para la Junta, esto no es un excusa, por lo que ha acordado que el IMV debe devolverle 708.780 euros, que se descontarán de los 1.115.208 euros que la Administración regional aún no ha entregado al Ayuntamiento, de los 2,8 millones de subvención acordada para este proyecto. La cantidad que reclama la Junta al Consistorio supone el 25% de esa ayuda.