Diario Sur

Nerja, atascada en un laberinto urbanístico

En El Playazo el POTAX prevé un polo de dinamización turística con viviendas y hoteles. :: e. cabezas
En El Playazo el POTAX prevé un polo de dinamización turística con viviendas y hoteles. :: e. cabezas
  • El desarrollo de El Playazo, el campo de golf y el puerto deportivo siguen enredados en la madeja burocrática por diversos factores técnicos, políticos y medioambientales

Campo de golf, puerto deportivo y desarrollo urbanístico de El Playazo. Son los tres grandes temas de los que se viene hablando en Nerja desde hace más de veinte años y ninguno ha salido adelante ni tiene visos de que pueda hacerlo. ¿Las razones? Diversas y complejas, con una conjunción de factores técnicos, legales, políticos y medioambientales. Nerja presume de contar con uno de los entornos naturales mejor conservados de toda la provincia. El casco urbano ha crecido de una forma más o menos compacta, dejando libre una gran franja de terrenos en la zona de El Playazo, de mil metros de longitud y más de un millón de metros cuadrados de superficie, una zona a la que los lugareños llaman cariñosamente 'La Vega''.

El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), que data de 2000 no contemplaba su desarrollo, pues lo catalogaba de suelos de especial protección agrícola. Sin embargo, con posterioridad, en 2006, el Plan de Ordenación del Territorio de la Axarquía (POTAX), elaborado por la Junta, sí autorizó la ejecución de un polo de dinamización turística, con viviendas y hoteles. El anterior equipo de gobierno del PP, con José Alberto Armijo al frente, desde 1995 a 2015, inició una innovación para 1.200 viviendas, de las que 360 serían de protección oficial. Además, el desarrollo contemplaría 3.594 plazas turísticas, con hoteles de cuatro y cinco estrellas. Este proyecto no quedó invalidado por el Plan de Protección del Corredor Litoral de la Junta en 2014.

A esta iniciativa se iba a sumar la ejecución de un paseo marítimo de 30 metros de anchura, lo que posibilitaría la ampliación de la playa en 70.000 metros. Con el cambio de gobierno, en junio de 2015, el tripartito que asumió la gestión (PSOE, IU y EVA-Podemos) decidió no ceder los suelos de la primera franja conforme a los convenios suscritos por el PP «por las dudas jurídicas que planteaban», ya que los dueños debían ser compensados con aprovechamientos en la zona, cuando aún no se ha terminado de tramitar el cambio del PGOU.

Nuevos convenios

Por este motivo, la alcaldesa, Rosa Arrabal (PSOE), sostiene que «lo más prudente» era no ceder al Ministerio de Medio Ambiente una primera franja de 350 metros, para la que el Gobierno central había reservado una partida de 840.000 euros. El proyecto completo del paseo suma 8,6 millones, de los que el Consistorio tendría que pagar 5,5 millones.

La regidora ha apuntado a SUR que los nuevos convenios para conseguir la cesión anticipada de los suelos situados en la primera franja sigue su curso, aunque no pudo precisar una fecha. Al mismo tiempo, ha exigido a la Demarcación de Costas que consigne partidas para ejecutar el proyecto completo y no por fases, «porque no queremos tratar a los dueños de manera desigual», apostilló.

El fallido proyecto del campo de golf en La Coladilla, con 800 viviendas y un hotel de lujo es, sin duda, el que más complejidad arroja. La iniciativa, prevista en el PGOU, fue anulada por el POTAX en 2006. Tras una larga batalla judicial, el Tribunal Supremo dio la razón al Ayuntamiento, en 2014, anulando los artículos de la norma regional. El Consistorio en 2003 vendió los suelos a un promotor, Medgroup, por 15 millones de euros, una cantidad que también fue reclamada sin éxito en vía judicial.

Sin embargo, la Junta no ha movido ficha y el proyecto, aunque latente, podría desarrollarse. Los propietarios del suelo han mantenido al menos un encuentro con la alcaldesa, en el que le plantearon posibles cambios.

Por último, el puerto deportivo en el límite con Torrox es también una larga historia. Desde que en 2007 la Junta presentó un anteproyecto, en Wilches, con 500 atraques, poco más se ha sabido, excepto gestiones ante el Ministerio de Medio Ambiente para conseguir la adscripción de la zona. En este asunto todos los partidos parecen ir unidos de la mano, además de las asociaciones empresariales, que reclaman a la Administración andaluza que saque a concurso el proyecto con una concesión administrativa.