
SUR
Jueves, 3 de abril 2014, 12:22
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó ayer a Japón que «revoque» los permisos de caza de ballenas en la Antártida porque no se ajustan a los «fines científicos» exigidos por la legislación internacional. Una sentencia histórica e irrevocable que pone punto final a un proceso que ha tenido en vilo a los Ejecutivos de Australia y Nueva Zelanda, que en 2010 demandaron a Japón por incumplir la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballena.
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En el artículo VIII de esa normativa se establece expresamente «una moratoria total» de la captura con objetivos comerciales, una imposición que está vigente desde 1986. Solo se acepta su persecución en el caso de que tenga fines científicos o contribuya a la subsistencia de la población aborigen. Aunque bien es verdad que todavía hay países como Islandia y Noruega que siguen cazando ballenas a pequeña escala. Las autoridades niponas, por su parte, acataron la prescripción de la Convención Internacional muy fugazmente, porque ya en 1987 se escudaron en un supuesto «programa científico» para seguir con batidas masivas de ballenas.
El proyecto japonés -que responde al nombre de JARPA- perseguía, entre otros fines, «un control permanente del ecosistema y de la población de esos cetáceos», un argumento que convenció a la comisión ballenera que en su día le concedió todos los permisos y autorizaciones para continuar con las capturas. En los últimos 20 años han muerto más de 10.000 cetáceos para cumplir con los objetivos del plan investigador de Japón, a razón de unos 400 al año aunque en algunas temporadas como 2005 y 2006 se han llegado a diezmar nada menos que 853 y 679.
Caída en picado del consumo
JARPA se encuentra fuera de la ley porque el órgano judicial supremo de la ONU no ve claros sus objetivos científicos, según explicó ayer Peter Tomka, presidente de la Corte Internacional de Justicia. Por 12 votos contra 4, los magistrados estimaron que la puesta en práctica del programa japonés «se ha hecho de manera poco transparente». Ni se especifica el tamaño de la muestra ni las especies de cetáceos; lo mismo se incluyen rorcuales aliblancos, ballenas jorobadas o rorcuales comunes.
Desde Tokio «no han sabido explicar» los criterios de su investigación y el alto tribunal concluye, por lo tanto, que «la medida no es razonable en relación a la consecución de los objetivos». El veredicto no determina que los fines sean comerciales pero tampoco defiende su carácter científico. El Gobierno nipón ha expresado su «profunda decepción» pero, al mismo tiempo, se ha comprometido a revocar los permisos emitidos para cazar en el Antártico. Una decisión que aplaudirán todas las asociaciones ecológicas. Sus continuas presiones y su activismo beligerante han sido fundamentales para la caída en picado del consumo de la carne de ballena en Japón: entre 1962 y 2009, ha pasado de 230.000 a 4.200 toneladas.
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cetáceos han muerto bajo los arpones de balleneros japoneses en los últimos 20 años. La media de capturas rondaba los 400 anuales pero en 2005 y 2006 se llegaron a cazar 853 y 679 respectivamente.
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