EUROPA PRESS
Sábado, 4 de agosto 2012, 03:36
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El Sindicato Andaluz de Funcionarios presentó en el día de ayer una denuncia ante la Fiscalía contra la directora general de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta, Isabel Mayo, por un posible delito de defraudación a la Seguridad Social, regulado en el Código Penal, y de prevaricación, también presente en el Código Penal, por la bajada de la base de cotización de los empleados públicos de la Junta.
Ello motivó que el sindicato también dirigiera igualmente esta misma denuncia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que «adopte las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de los funcionarios públicos pertenecientes a la Junta de Andalucía».
Fuentes del Safja indicaron que la razón de esta nueva batalla judicial se encuentra en que, en el marco del Decreto Ley 1/2012 de medidas para el reequilibrio financiero de la Junta de Andalucía, la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, anuncia unas instrucciones que conllevan una modificación de la base de cotización de los funcionarios.
A este respecto, el propio sindicato Safja denuncia que dicha modificación «conculca claramente la normativa vigente y supone un gravísimo atentado contra los derechos adquiridos de los funcionarios públicos afectados».
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