El juez imputa por prevaricación al concejal de Urbanismo y a un exconsultor del Ayuntamiento

Dos nuevos imputados en la causa de presunta corrupción en Casares. El concejal de Urbanismo, Pedro González, y el abogado Rafael Duarte, que era consultor del Ayuntamiento en la época en la que se cometieron las supuestas irregularidades relacionadas con la urbanización Majestic, elevaron ayer a nueve el número de implicados en el caso tras prestar declaración ante el juez. A ninguno de los dos se les impuso fianza. Se les imputa un presunto delito de prevaricación, según confirmaron ayer fuentes judiciales.

Se da la circunstancia de que Duarte, que fue vocal de la gestora que rigió el Ayuntamiento de Marbella durante 14 meses tras su disolución, está imputado también en el 'caso Astapa', que investiga la supuesta corrupción en el Ayuntamiento de Estepona, del que fue concejal entre 2007 y 2008.

La investigación judicial ha avanzado sobre una licencia de obras concedida a la promotora de Majestic para la ejecución de dicha construcción en el año 2004, permiso que estaba condicionado a la aprobación de un proyecto de reparcelación. La licencia, según se ha concluido, fue aprobada por el Ayuntamiento antes de que se cumplimentara ese trámite, lo que supone una irregularidad administrativa.

La decisión habría estado sustentada en un informe de celeridad que los responsables municipales requirieron a Duarte, que por entonces ejercía como consultor externo en materia urbanística del Ayuntamiento de Casares, adonde acudía con periodicidad semanal.

Al parecer, la imputación de Duarte ha sido motivada por la firma del documento que dio lugar a la concesión por parte del Ayuntamiento de la citada licencia para que Majestic iniciara las obras. También el edil de Urbanismo, que ya lo era en aquel entonces, habría sido imputado por esta causa.

Responsabilidad

Fuentes consultadas por este periódico han asegurado que en su declaración ante el juez el pasado lunes, el exalcalde Juan Sánchez descargó sobre ambos la responsabilidad relacionada con esa irregularidad.

La concesión de la licencia debía suponer el pago al Ayuntamiento por parte de Majestic de una cantidad cercana a los 400.000 euros. La investigación judicial intenta determinar ahora si realmente esa cantidad fue ingresada en las cuentas municipales, circunstancia que al parecer no está suficientemente documentada. El propio Juan Sánchez fue interrogado sobre un papel manuscrito cuya autoría se le atribuye y que estaría relacionado con el destino final de esa cantidad.