Un secretario judicial roba 19 millones en criptomonedas de su juzgado de Marbella

Pero en apenas tres meses la operación pasó del éxito al fracaso más absoluto. En enero, cuando la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) del Ministerio de Justicia trató de convertir en euros las criptomonedas, descubrió que las carteras intervenidas en noviembre estaban prácticamente vacías. Alguien había robado casi 19 millones de euros en dinero virtual. Y lo había hecho desde dentro.

La Policía Nacional abrió entonces una investigación que se ha mantenido bajo el secreto más absoluto para evitar fugas de información y, sobre todo, que el autor supiese que estaban tras él. Las pesquisas terminaron por acorralar a un LAJ (Letrado de la Administración de Justicia, el antiguo secretario judicial) que en la práctica era el 'número dos' del juzgado marbellí que instruía la causa original.

El funcionario judicial fue detenido justo antes de Semana Santa y, al parecer, terminó por reconocer los hechos. En uno de los registros realizados, la Policía Nacional localizó las claves para intervenir, por segunda vez, los casi 19 millones de euros en criptomonedas, que han sido recuperados en su totalidad.

El investigado no es LAJ de carrera, sino que accedió al puesto en un juzgado de Marbella para hacer una sustitución desde una bolsa de trabajo que, entre otros requisitos, exige tener la licenciatura o el grado en Derecho y carecer de antecedentes. No obstante, es funcionario de la Administración de Justicia -ha aprobado varias oposiciones- y se le consideraba muy trabajador.

Según ha podido confirmar SUR, la investigación empezó por analizar la cadena de custodia de las claves para acceder a las criptomonedas intervenidas. Tras la 'operación Geld', la policía guardó las contraseñas de las carteras en un sobre cerrado y debidamente precintado, que se mantuvo bajo custodia en dependencias policiales.

Después, el sobre fue entregado en el juzgado de Marbella que instruyó el caso y a partir de ahí permaneció en una cámara acorazada de consignaciones judiciales. Tres meses después, fue enviado a las oficinas de la ORGA en Madrid para convertirlo en euros, donde se descubrió que los monederos virtuales estaban prácticamente vacíos.

Las pesquisas se centraron en identificar a todos los policías, funcionarios del juzgado, de la ORGA y hasta empleados de la empresa de transportes con la que trabaja la Administración de Justicia que habrían intervenido en la cadena de custodia de la cartera de criptomonedas.

En algún momento de todo ese proceso, alguien había tenido acceso al sobre que contenía la información y las contraseñas para acceder a las carteras y había desviado los criptoactivos. La policía buscó huellas en el sobre para intentar descubrir quién había extraído de él las claves para acceder al dinero virtual, pero sólo encontraron las de las personas que habían podido tocarlo porque era parte de su trabajo.

El robo, además, se produjo en la última parte del proceso, no al principio. A los investigadores les dio la impresión de que el autor intentó hacerlo coincidir con la llegada del sobre a la ORGA, lo que dispersaba la responsabilidad y aumentaba la nómina de sospechosos.

Pese a ello, los investigadores descubrieron una pista que a la postre resultó fundamental: el LAJ sustituto se definía como inversor en criptos y había comprado un almacén virtual donde guardar las claves de forma segura. Los registros en sus propiedades confirmaron las sospechas.