La hija de Lucía Garrido señala a su padre como responsable del crimen: «La tenía amenazada»

La hija de Lucía Garrido tenía doce años cuando su madre fue asesinada en la finca en la que ambas convivían en Alhaurín de la Torre, conocida como Los Naranjos. Precisamente, las alarmas saltaron aquella tarde de abril de 2008 porque la mujer no se presentó en el colegio para recoger a la niña. Conforme pasaron los minutos, la alerta fue tal que una dotación de la Policía Local se personó en su domicilio, donde halló su cuerpo sin vida en el interior de la piscina.

Oculta tras un biombo, la hija de Lucía Garrido ha vuelto a prestar declaración este miércoles, día 25 de octubre, en relación al asesinato de su madre, que está siendo enjuiciado por el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Málaga. La joven, según ha sostenido, está convencida de que su padre tuvo responsabilidad en la muerte de su progenitora. «La tenía amenazada», ha asegurado.

Según ha relatado, la víctima vivió un auténtico calvario en sus últimos meses debido al temor que sentía hacia su expareja. De hecho, ha indicado que, dos semanas antes de su muerte, la mujer llamó a su hermana y le pidió que si le «pasaba cualquier cosa» fuese ella quien se quedase a cargo de la menor y que apuntasen a su exmarido como culpable. «A mí también me sentó y me dijo: prepárate porque puede pasar cualquier cosa», ha agregado.

Asimismo, la hija de Lucía Garrido ha afirmado que, tras la separación de sus progenitores, fue testigo de «muchísimas» amenazas del acusado hacia la fallecida, las cuales estarían motivadas por el interés del investigado en que ambas se fueran de la finca. «Mi padre le dijo a mi madre que teníamos que salir de esa casa y que podríamos hacerlo por las buenas, por las malas o en una bolsa de basura», ha puesto de manifiesto en la sala.

La Fiscalía y las acusaciones particulares, que representan a la familia de la víctima, apuntan a que uno de los móviles del crimen sería el especial interés del exmarido en que su exmujer y su hija se marchasen de dicha parcela porque era donde desarrollaba sus supuestas actividades ilícitas relacionadas con la cría y el tráfico de animales exóticos y con el almacenaje de droga. Lucía Garrido, según mantienen, había pasado de ser una testigo incómoda a convertirse en una amenaza.

Además de las amenazas, la hija ha referido que su madre estaba muy asustada por otras formas de presión que, según ella, habría llevado a cabo su progenitor, como cortar el agua y la luz del chalé, o no proporcionar comida a las fieras que tenían en la finca. «Teníamos leones que por las noches hacían muchísimo ruido porque él dejó de alimentarles; antes de llevarme al colegio, ella se aseguraba de que no hubiera dejado la puerta de alguna jaula abierta», ha señalado.

También ha apuntado que «una semana o diez días» antes del asesinato de Lucía Garrido, el encausado se llevó dos perros guardianes que eran de raza grande y que siempre habían estado en la casa. Las acusaciones están convencidas de que este hecho fue una actuación premeditada que entraba dentro de la preparación del crimen de la víctima.

Asimismo, pese a la edad que tenía en aquel tiempo, la hija ha dicho que recordaba que veía con frecuencia a guardias civiles dentro de la finca tratando con el procesado y que su padre presumía «libremente» de que tenía grandes influencias y amistades con miembros del cuerpo policial, lo que despertaba cierto temor entre vecinos y conocidos.

La hija de Lucía Garrido, quince años después de perder a su madre, también ha contado que ella estaba al tanto de los supuestos episodios de malos tratos que había sufrido su progenitora por parte del encausado, principalmente porque la escuchaba hablando por teléfono con familiares o con amistades íntimas sobre este asunto.«Ella se quejaba de que no la ayudaban en ningún lado», ha dicho.

Del mismo modo, la testigo ha asegurado que, tras la separación de sus padres, ella no quería pasar tiempo con su padre, motivo por el que escribió una carta al juez: «Cuando él se enteró me encerró en una caseta que tenía de herramientas y me dijo que tenía que escribir otra carta diciendo que lo que había puesto en la otra era mentira porque, si no, iba a llamar a la Guardia Civil para que se llevase a mi madre».

En este sentido, ha incidido en que él no mostraba especial interés en tener trato con ella. Ni siquiera la llamó el día que mataron a la madre para consolarla, según ha declarado.

La joven también ha contradicho la versión de su progenitor en lo que respecta al tema de las cerraduras, ya que el hombre aseguró en el juicio que no entraba a dicha finca porque Lucía Garrido había cambiado las cerraduras. En este sentido, ha precisado que su madre únicamente pudo cambiar el cerrojo para acceder al interior del domicilio, pero que su progenitor seguía contando con la llave para entrar a la finca.

Asimismo, ha apuntado que el encausado podía tener perfectamente vigilados los movimientos de la víctima porque accedía con frecuencia a la parcela y porque la misma era visible desde el cortijo al que él se mudó tras la separación, situado a apenas unos 300 metros del lugar.

El juicio, que arrancó este lunes 23 de octubre, es el segundo que se celebra en la Audiencia Provincial en relación al crimen de Lucía Garrido. El primero se desarrolló en 2019 y un jurado popular declaró inocentes a los cuatro individuos que se sentaron en el banquillo de los acusados: a la expareja de la víctima, el supuesto sicario que la mató y dos ex guardias civiles.

Tras revisar el caso, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenó en 2020 que se anulase parcialmente el veredicto y la sentencia, y únicamente mantuvo las absoluciones de los dos antiguos agentes, lo que fue ratificado posteriormente por el Tribunal Supremo. De ahí la repetición del juicio.

Así lo decidió el Alto Tribunal andaluz al apreciar defectos en el procedimiento de deliberación y votación del jurado respecto a los dos investigados a los que mantuvo la acusación, ya que hubo dos puntos del veredicto en los que no se alcanzó ninguna de las mayorías legales para declararlos probados o no probados. Ello provocó lo que se denomina en el argot judicial un jurado colgado y, por lo tanto, «unas absoluciones indebidas».

Según estimó el TSJA, el jurado tendría que haber seguido deliberando hasta alcanzar alguna de las mayorías exigidas legalmente y así hasta tres veces. Si tras esta tercera deliberación no se hubieran obtenido las mayorías necesarias, el jurado se habría tenido que disolver para convocar el juicio oral con un nuevo jurado.

En consecuencia, el exmarido de Lucía Garrido se enfrenta a la petición de la Fiscalía y de las acusaciones particulares de una pena de 25 años de prisión, ya que consideran que actuó como cooperador necesario del asesinato de su exmujer y que se ha de aplicar la circunstancia agravante de parentesco. Para el otro hombre reclaman 23 años y medio de cárcel.

Se trata de un caso que está lleno de aristas dada la complejidad de su investigación, que no empezó a tomar forma hasta seis años después del crimen, cuando el Servicio de Asuntos Internos se hizo cargo de la misma. Fue entonces cuando las pesquisas empezaron a dar resultados.

De hecho, el instructor inicial de la causa fue uno de los agentes con los que el exmarido de Lucía Garrido supuestamente tenía una relación de interés dados los presuntos negocios que compartían, como han puesto de relieve las partes de la acusación en el juicio. Ambos fueron condenados en 2016 en un mismo procedimiento por tráfico de drogas.

Por otro lado, como avanzó este lunes el portavoz de la familia de la víctima, Ignacio Carrasco, el próximo 13 de noviembre está previsto que dos de los guardias civiles que declararon en el juicio anterior por el asesinato de Lucía Garrido sean enjuiciados por, presuntamente, prestar falso testimonio en la vista sobre el asesinato de la mujer.

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