Aprobada la ley que regula los derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Con 29 votos a favor, cero en contra y cinco abstenciones, procedentes de Vox, la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico dio ayer luz verde al proyecto de ley por el que se modifica la normativa de 2005 que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. El nuevo texto, cuya tramitación parlamentaria se está realizando por el procedimiento de urgencia y que ahora continuará en el Senado, busca intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes.

Aprobado por el Consejo de Ministros del 9 de junio, el proyecto de ley aprobado transpone la directiva europea sobre la IV fase del comercio de emisiones de CO2 para el periodo 2021-2030, que es uno de los instrumentos principales de la Unión Europea para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones, que deberían recortarse en al menos un 40% en 2030, con respecto a los valores de 1990 y en línea con los compromisos climáticos anunciados por los Veintisiete.

Entre las novedades para este periodo destacan el incremento del factor de reducción lineal del 1,74% en la fase III (2013-2020) al 2,2% para el próximo periodo a partir de 2021. Durante la fase IV se dividirán a efectos de asignación gratuita de derechos de emisión y en relación a las instalaciones fijas en dos periodos, de 2021 a 2025 y de 2026 a 2030. Se mantiene también la subasta como método principal de asignación de derechos de emisión, continúan las asignaciones gratuitas pero con una mejora de las disposiciones sobre fugas de carbono y se crean varios fondos destinados a financiar la transición hacia una economía baja en carbono.

En este sentido, la directiva europea que se transpone ahora estimula la inversión en energías renovables a través de la figura del derecho de emisión: una autorización a emitir una tonelada de CO2 equivalente que puede ser objeto de compra venta. Cuanto menor sea el total de derechos de emisión expedidos anualmente, mayor será su precio en el mercado. Los gases regulados son el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O) y algunos perfluorocarbonos (CF4 y C2F6).

En el caso español, según la nota de prensa del Congreso, este régimen afectará a casi 970 instalaciones y a unos 30 operadores aéreos. Además, podrán quedar excluidos del sistema aquellas instalaciones menores a 2.500 toneladas equivalentes de CO2 y los hospitales.

El texto ratifica el informe de la ponencia puesto que las 24 enmiendas presentadas por los grupos fueron rechazadas. No en vano, Carmen Martínez, del grupo parlamentario Ciudadanos, lamentó ayer la poca aceptación de enmiendas y el «poco margen para aportar». Pidió a los grupos parlamentarios «amplitud de miras» y «consenso» para la ley de cambio climático.

A juicio de José Ángel Alonso, del grupo popular, el proyecto de ley llega «un poco tarde». «Es realmente importante ya que afecta al 45% de nuestras emisiones totales y a una gran parte de nuestra industria. Esperamos que esta transposición constituya una nueva oportunidad para contribuir al proceso de descarbonización de la economía, al mismo tiempo que se impulsa la competitividad de nuestra industria», dijo.

El socialista Germán Renau explicó que el proyecto permitirá consolidar el régimen de comercio de derechos de gases de efecto invernadero aumentando su ritmo, mantendrá la asignación gratuita a los sectores más expuestos y ayudará a la industria y a la energía a afrontar mecanismos de financiación.