La Junta acusa al presidente del Colegio de Médicos de Málaga de «mentir»

La Junta acusa al presidente del Colegio de Médicos de Málaga de «mentir»

El Gobierno regional condena «toda agresión verbal o física a los profesionales sanitarios»

La Junta de Andalucía ha respondido al presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, después de que este solicitará a la consejera de Salud, Marina Álvarez, «contundencia y medidas urgentes» contra el incremento de agresiones a profesionales sanitarios en la provincia, más allá de condenar los ataques a sanitarios. Así, desde el Gobierno autonómico han acusado al máximo responsable de los facultativos malagueños de «mentir» y han incidido en que tienen «tolerancia cero» contra las agresiones.

«No podemos entender cómo el presidente del Colegio de Médicos de Málaga puede mentir de esta forma tan rotunda», han indicado desde el Gobierno andaluz, y han recordado que el pasado 6 de septiembre la propia consejera de Salud, en comisión parlamentaria, condenó «toda agresión verbal o física a los profesionales sanitarios», reiterando, además, la «sensibilidad y compromiso» del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con estas acciones contra los sanitarios.

Álvarez, han recordado, aludió a que se trataba de un asunto «muy sensible» que exige «una respuesta de toda la sociedad en su conjunto». «Nuestro objetivo es conseguir un estado de tolerancia cero frente a las agresiones, y para ello ponemos todas las medidas y medios que sean necesarios», manifestó, recordando el Plan de Prevención y Atención de Agresiones puesto en marcha en 2005 de manera pionera y que contempla una serie de medidas consensuadas con organizaciones, asociaciones y usuarios.

Este plan, que cuenta con un protocolo de actuación que se activa ante cualquier agresión en un centro sanitario, incluye una asesoría jurídica al agredido, apoyo psicológico si lo estima conveniente y la posibilidad de favorecer su traslado a otro centro si también lo solicita.

Precisamente, como resultado de la asesoría jurídica, el SAS «ha logrado» en 2017 en la provincia 27 sentencias condenatorias, de las que cinco han sido por delitos de atentado y el resto por amenazas, lesiones e injurias, entre otras. Además, durante el mismo periodo, ha realizado 28 asistencias letradas a profesionales víctimas de agresiones en el desempeño de su trabajo.

Desde la Junta han recordado que los centros sanitarios de la provincia cuentan con elementos de seguridad como dispositivos de alarma o interfonos en consulta, videocámaras, salidas alternativas en consulta, instalación de software antipánico en ordenadores o personal de vigilancia, elementos de seguridad para asegurar un ambiente de confianza a profesionales y usuarios.

«Permanente análisis»

Estos datos, han recalcado, «ponen de manifiesto la labor que se viene realizando en la Consejería de Salud sobre esta materia, un ámbito que está en permanente análisis y evolución», poniendo como ejemplo los interlocutores sanitarios territoriales en cada provincia y autonómicos para la coordinación con el protocolo de los ministerios de Sanidad e Interior -y con sus interlocutores policiales tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional- así como para realizar el seguimiento de las distintas medidas de apoyo a los profesionales que han sufrido una agresión.

A ello se suma, ha continuado la Junta en un comunicado, el curso que el SAS imparte online de Control de Situaciones Conflictivas. Hasta finales de 2017 se ha formado a un total de 54.056 profesionales y el objetivo es que el mayor número posible de ellos cuenten con las habilidades sociales necesarias para evitar y abordar situaciones de conflicto en su relación con los usuarios.

En la misma línea, en diciembre del pasado año 2017 se difundió el procedimiento de 'Cambio de oficio de profesional de medicina de familia y/o pediatría para la salvaguarda de la buena relación con la ciudadanía'. En él se describe las actuaciones y recomendaciones a seguir ante la aparición de situaciones de conflicto en el ámbito de la Atención Primaria.

Tasa de agresiones

La tasa de agresiones por número de profesionales se sitúa en 2017 en 11,43 casos por 1.000 profesionales, una cifra que se mantiene «estable» en los últimos tres años, según han informado desde el Gobierno andaluz. Si bien, a nivel nacional no existe un registro que permita conocer año a año la evolución de esta problemática en el conjunto del Sistema Nacional de Salud y la última tasa disponible del conjunto de comunidades es del año 2011, cuando la media estatal era de 12,83 agresiones por 1.000 habitantes.

«No se trata de un problema exclusivo de la Comunidad, ya que desgraciadamente afecta a todo el país, permaneciendo nuestros datos dentro de la media nacional«, han justificado. No obstante, han reiterado que la Junta »intensificará las actuaciones con tolerancia cero para rechazar cualquier tipo de actos de esta índole«.

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