La falta de acuerdo mantiene en suspense la llegada del metro al Civil

La reunión de cuatro horas que el alcalde, Francisco de la Torre, y el consejero de Fomento, Felipe López, mantuvieron ayer en Málaga terminó con lo que se suele llamar de forma coloquial «una patada para adelante». La única conclusión fue un acuerdo de mínimos, por el que ambas partes se comprometen a estudiar, desde la próxima semana y con fecha tope antes de Navidad, un informe jurídico municipal que el regidor llevó ayer y que, según éste, respalda que el metrobus es viable legalmente. El responsable de la Junta dijo desconocerlo, a pesar de que, según De la Torre, ya se había planteado en una cita anterior en julio. Ahora será una comisión técnica de tres miembros por cada parte la que evaluará este informe y las posibles aportaciones para convalidar o descartar definitivamente la propuesta municipal alternativa al tranvía.

En el caso de que dicha comisión conjunta determine que el autobús de alta capacidad (o BRT) no tiene encaje en la concesión del metro, tal y como está pactada con los privados, el consejero fue tajante al afirmar que su departamento seguirá adelante con la hoja de ruta prevista para construir el metro en superficie hasta el Civil. Esta pasa por la declaración de interés metropolitano por parte del Consejo de Gobierno, primero; y por la licitación de las obras en Eugenio Gross y Blas de Lezo, a pesar de la oposición del Ayuntamiento (que todavía no es oficial) y de parte de los vecinos.

En este supuesto, la solución estaría destinada a, como dijo López, un «divorcio pactado», por lo que serían los tribunales los que tendrían que determinar quién tiene razón en el litigio y, sobre todo, a quién le corresponde pagar la deuda que supondría no llegar con el metro hasta la zona norte (estimada por Fomento en unos cuatro millones de euros anuales hasta el final de la concesión, en el 2042).

«Este informe puede despejar las dudas jurídicas que tiene la Junta, con la viabilidad técnica de articular esa solución en el marco del transporte público en Málaga, como un mecanismo de colaboración entre ambas administraciones, y se ha visto la conveniencia de un análisis más detenido», anunció De la Torre. «Puede dar pasos hacia adelante, con seguridad jurídica y con la conformidad de la concesionaria, con los que habrá que trabajar también para su sostenibilidad económica».

A juicio del primer edil, el protocolo de intenciones de 2013 se hizo con la filosofía de compensar los viajeros que se dejaban de captar por no llegar hasta La Malagueta, para lo que se planteó la alternativa del Civil. «Tratamos de ser coherentes con el espíritu del protocolo y ser aceptados por la ciudadanía, no tener el rechazo vecinal nos preocupa muchísimo, y sabemos que la solución del metrobus no crea problemas a la EMT y no tiene rechazo, y sí la viabilidad económica y de viajeros que se aportan al metro». El regidor confió en un trabajo conjunto entre ambas administraciones y la concesionaria: «Si tiene seguridad jurídica no debe haber problemas por parte de la Junta» para que se apruebe el metrobus.

Última oportunidad

Menos optimista fue el consejero de Fomento, quien asumió el compromiso como una última oportunidad para llegar a una solución de consenso con el Ayuntamiento. «Los servicios jurídicos de la Consejería van a analizar si es compatible con las condiciones de la adenda de 2013», explicó, pero a renglón seguido subrayó: «No vamos a tomar ninguna decisión fuera de los límites técnicos y jurídicos, con el mejor servicio ciudadano y el equilibrio económico y financiero».

«Si esto aporta alguna luz no vamos a ser intransigentes, sino que vamos a buscar espacios de consenso, por mínimo que sea». Aunque, a preguntas de los periodistas, reconoció: «Tengo poca fe en que pueda ser útil, nuestra opinión es que no tiene encaje en la concesión, pero el Ayuntamiento dice que sí lo tiene, y si cabe una mínima posibilidad en ese documento lo vamos a estudiar».

El plazo fijado es antes de Navidad (no se ha concretado una fecha exacta), y Felipe López advirtió de que, si para entonces no hay una modificación en los criterios jurídicos de la Consejería, seguirán adelante con la hoja de ruta para construir el metro al Civil, mediante la declaración de Interés Metropolitano y la licitación de las obras. «No creemos que haya ninguna posibilidad de cambiar la posición, pero se puede entender que no hay camino alternativo antes de romper la relación». En ese momento, tendrá que haber sobre la mesa una solución que satisfaga a las dos partes; o lo que definió como un «desencuentro pactado». Esto es: los tribunales.